os programas REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada) son una nueva forma de privatización de recursos naturales. Con las técnicas de vigilancia satelital que requieren y su convergencia con proyectos globales de secuenciamiento genómico de especies, REDD conlleva –además de mayor vigilancia de comunidades– el avance de nuevas formas de biopiratería.

Por ello no es extraño que muchos de los mismos actores –instituciones, funcionarios, académicos– que han promovido la bioprospección (eufemismo de biopiratería) y luego los mercados de servicios ambientales, ahora confluyen en instancias como el Comité Consultivo de REDD+ del gobierno mexicano.

Como expliqué anteriormente (La Jornada 23/4/11 y 11/9/10), REDD es un gran negocio para las empresas más sucias del planeta, que con créditos de carbono pueden seguir contaminando, eludir regulaciones ambientales, e incluso ganar más dinero, especulando con bonos de carbono en mercados secundarios.

Un ejemplo donde convergen todos los componentes anteriores es el avance de REDD en Chiapas. En general, ese gobierno estatal se empeña en la mercantilización de bienes comunes (naturales, históricos, indígenas) y promover emprendimientos devastadores del ambiente y las comunidades indígenas y campesinas (plantaciones para agrocombustibles, represas, carreteras, ciudades rurales sustentables). En noviembre 2010, el gobierno de Chiapas firmó el primer acuerdo internacional sub-nacional para promover REDD, con el estado de California y el de Acre, Brasil. Según reconoce el gobernador Sabines en su blog, se trata de establecer las bases para iniciar un mercado de compra venta de bonos de carbono (17/11/10).

Para dar seguridad a esos inversores, los proyectos REDD requieren monitoreo de la capacidad de los bosques para retener carbono. Es uno de los aspectos de porqué los bosques no se reconocen hasta ahora en el mal llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio del convenio de cambio climático. Los bosques están vivos, son sistemas complejos, dinámicos, están habitados y todo ello significan factores de alta variación y diversidad, lo cual es muy bueno para la gente y el planeta, pero pese a la arrogancia de diversos académicos, no se puede medir con precisión. Esto no es óbice para que los comerciantes de la vida (ahora de carbono) se empeñen en uniformizar y reducir la realidad a sus intereses, para lo que siempre encuentran académicos dispuestos a servirlos.

En el caso de REDD, para avanzar esta medición de carbono más exacta, se plantea una combinación de técnicas satelitales, detección con rayos infrarrojos que permiten imágenes tridimensionales y observaciones en terreno, para tomar datos de GPS y de las especies en el área. Son tecnologías que existían y se aplican, pero ahora con mucha mayor resolución.

En el caso de Chiapas, Ecosur y el Colegio de Postgraduados (Colpos), entre otras instituciones académicas y ONG trasnacionales de negocios con la biodiversidad como Conservación Internacional, están haciendo este trabajo de avanzar en las bases necesarias para los proyectos REDD y otros negocios relacionados al cambio climático. Ver por ejemplo www.cambioclimaticochiapas.org.

Ecosur y Colpos trabajan hace años con la Conafor y el Programa Mexicano del Carbono en promover este tipo de proyectos. Actualmente, Ben de Jong, de Ecosur, tiene financiación de la Unión Europea para desarrollar servicios de detección remota de última generación, como base para REDD, que es lo que necesita el gobierno estatal para concretizar el acuerdo con el gobierno de California. Además, el gobierno estatal, con ayuda de Conservación Internacional y otros, está entrenando comuneros lacandones para los trabajos en terreno.

Todo esto, además de ser interesante para los comerciantes de carbono, también lo es para quienes requieren más información de las especies, con fines de biopiratería.

Ecosur, con el proyecto ICBG-Maya, ya entregó muestras de más de 6 mil especies de Chiapas a la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Comunidades y organizaciones de Chiapas obligaron al cierre de ese proyecto, pero las muestras nunca fueron repatriadas.

Ahora Ecosur es coordinador nacional de otro proyecto, ahora de clasificación de especies, muchas únicas del país: el proyecto internacional Código de Barras de la vida (International Barcode of Life). Se trata de colectar especies vegetales, animales, microbianas, aislar su ADN y la secuencia de un gen específico para catalogar la especie. La información genómica de esa secuencia va a una base de datos internacional, con datos geo-referenciados del sitio de colecta. Desde México se ha entregado miles de muestras, es uno de los cinco mayores contribuyentes de datos a nivel global.

Con el avance de la biología sintética (la construcción en laboratorio de genes, principios activos, pasos metabólicos y hasta organismos enteros), este tipo de información digital pública es una mina de datos para la industria de la biopiratería. La información es pública, pero los que la pueden usar son quienes tienen las herramientas patentadas para ello. Si no les alcanza con la que está en esa base de datos, sabrán dónde ir a buscarlo –dentro o fuera de México.

En lugar de aumentar los negocios de las trasnacionales que están liquidando el planeta, se necesita reconocimiento y respeto integral a los derechos indígenas y campesinos, en sus propias formas de vida y territorios; y políticas públicas, no de mercado, para proteger realmente las bases de la supervivencia alimentaria, climática y ambiental del planeta.

*Investigadora de Grupo ETC