En el área de la Reserva Ecológica de Tulum, Quintana Roo, hay 180 predios con registro catastral, con asentamientos humanos y construcciones (incluidos hoteles), lo cual llama significativamente la atención, pues cualquier área natural protegida que tenga ese número de predios en el catastro, realmente es algo de considerar, pues se desvirtúa la condición de área protegida.

José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló lo anterior en la sesión en la que la mayoría del pleno se perfila para invalidar el Programa de Desarrollo Urbano de Tulum 2006-2030, con el que el gobierno municipal pretende intervenir en la regulación del Parque Nacional Tulum y la Zona Arqueológica de Tulum-Tancah.

Al iniciar ayer la discusión de la controversia constitucional que presentó el Ejecutivo federal contra el plan de desarrollo municipal, que pretende incorporar al Parque Nacional y la Zona Arqueológica a sus planes urbanos, los ministros coincidieron en el que esas áreas son federales y sólo después de que la Federación hubiera autorizado la existencia de propiedad privada y de asentamientos humanos el municipio tendría atribuciones para participar en su regulación.

Sin embargo, subraya el dictamen elaborado por Sergio Valls, el municipio de Tulum se extralimitó e invadió la esfera de atribuciones del gobierno federal.

Por su parte, Sergio Aguirre advirtió que declarar la nulidad del programa urbano de Tulum va a tener una consecuencia gravísima, como que el municipio dejara de recaudar el impuesto predial de los grandes hoteles en la zona.