Nueva Rosita, Coah., 9 de mayo. Las instalaciones de Binsa, donde murieron 14 mineros en el pozo 3, fueron clausuradas en Sabinas y ya se trabaja en la cancelación de la concesión minera, informaron representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Al dar a conocer los acuerdos de la llamada Cumbre del Carbón, efectuada en Nueva Rosita, las autoridades anunciaron que se realizarán acciones tendentes al aprovechamiento y explotación del gas grisú, que está asociado al carbón en los yacimientos.

Además, aclararon que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no comprará carbón manchado de sangre y para ello se contratarán empresas certificadoras de las productoras.

Entre los acuerdos destacan que se trabajará en la diversificación económica de la región, porque actualmente 80 por ciento de la actividad económica depende de la producción carbonífera.

También se acordó, entre los representantes de los tres niveles de gobierno, iniciar de inmediato los operativos de verificación de empresas e instalaciones de extracción minera, para que en caso de encontrar irregularidades se proceda a la suspensión de labores, la clausura o incluso la cancelación de la concesión.

Los funcionarios federales están encabezados por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano; y el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Alexis Milo Caraza, quienes señalaron que la intención es crear una estrategia integral de apoyos y atención a los mineros.

Otro de los acuerdos es fortalecer el cumplimiento de leyes y reglamentos, tanto en materia de minería como de seguridad y salud en el trabajo de extracción de carbón.

Por su parte, Lozano anunció que se destinarán 50 millones de pesos para 50 proyectos de inversión, un millón de pesos por cada uno, que serán destinados a las empresas y etiquetados para la compra de equipos de seguridad y salud, a fin de elevar el nivel de confianza para los mineros en la región carbonífera.

Para este encuentro de alto nivel se programaron tres reuniones privadas, la primera de ellas se llevó a cabo de 10 a 14 horas entre los representantes de los tres órdenes de gobierno, quienes tomaron las principales decisiones.

En ese sentido, se dio a conocer que la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) tendrá un papel importante, porque se encargará de contratar a las empresas que se dediquen a certificar la calidad de los procedimientos de las carboneras; aquellas que no sean productoras limpias de sangre no podrán comercializar sus productos.

El director de la CFE, Antonio Vivanco, señaló que tan sólo la paraestatal consume unos 10 millones de toneladas de carbón, que en promedio tienen un costo de 820 a 840 pesos la tonelada, de las que compra una tercera parte a esa región carbonífera.

Además, el gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, anunció que se buscarán alternativas económicas para la región carbonífera, a fin de atraer a inversionistas que ofrezcan puestos de trabajo a la población.

Mientras, abundó, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) capacitará a los habitantes de la región en otros oficios y especialidades laborales.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, sintetizó mediante cifras la importancia de la industria en Coahuila.

Destacó que en el estado hay un registro patronal de 29 mil 36 empleadores, de ellos 242 son del ramo minero y mantienen registrados a 17 mil 806 trabajadores.