El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) prevé que al menos 20 mil internos sentenciados soliciten el beneficio de la prisión domiciliaria, que aprobó este miércoles la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, alertó el presidente del organismo, Édgar Elías Azar, el problema va a ser contar con los recursos que se requieren para la adquisición de los brazaletes electrónicos que se requieren para llevar a cabo esta medida.

Al señalar que esta disposición forma parte de la reforma penal constitucional, advirtió que otra de las dificultades que se va a enfrentar tiene que ver con la implementación de los nuevos jueces de ejecución, los cuales deberán iniciar funciones a mediados del próximo mes, y serán los encargados en determinar si otorga ese beneficio o no.

Elías Azar dijo que lo anterior es consecuencia del retraso legislativo en la aprobación de la Ley de Ejecuciones Penales, a lo que se suma que aún no se cuenta con los recursos económicos para readecuar las salas donde despacharán los jueces de ejecución, las cuales serán adyacentes a los reclusorios Oriente, Norte, Sur, femenil de Santa Martha y el Centro de Tratamiento a Menores.

En ese sentido, señaló que se reunirá con el titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, Armando López Cárdenas, para la trasmisión de los recursos que se requieren para el acondicionamiento de los nuevos espacios como marca la reforma penal, lo cual tiene un costo de varios centenares de millones de pesos.

Agregó que la transición al nuevo sistema va a ser traumática y muy complicada, tanto para el gobierno como para nosotros, pues pese a que desde hace dos años solicitó a la ALDF el presupuesto para llevar a cabo esta tarea, lejos de eso, este año nos lo redujeron 2 por ciento.

A esto hay que agregar que de los 25 jueces de ejecución que se requieren, hasta el momento sólo tres personas han acreditado los exámenes de selección, lo cual, dijo, no se debe a que hayan sido reprobados, sino que son pruebas muy severas, por lo que el lunes próximo se lanzará otra convocatoria.

Sobre la prisión domiciliaria, el presidente del TSJDF destacó que esa medida permitirá despresurizar las cárceles de la ciudad, además de que también los procesados podrán tener acceso a ella, aunque, reiteró, habrá problemas con la adquisición de los brazaletes.

La Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal contempla que para acceder a ese beneficio, los internos deben pagar el costo del brazalete, ser primodelincuentes y con penas de entre cinco y 10 años y sólo les falten dos años para concluirla.