Madrid, 12 de mayo. Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional (AI) para México, aseveró que la situación del país es extremadamente grave y altamente preocupante, no sólo por el aumento de la violencia y la vulneración de los derechos humanos, sino porque sigue prevaleciendo la impunidad en muchos de los casos abiertos en los que están implicados funcionarios públicos y militares.

En entrevista con La Jornada, Knox consideró que el gobierno de Felipe Calderón no calculó bien las consecuencias de la guerra abierta contra el crimen organizado ni ha invertido lo suficiente en el fortalecimiento de las instituciones.

AI, la prestigiosa organización con sede en Londres, celebra este viernes su 50 aniversario y presentará un informe en el que destaca las amenazas a la libertad de expresión en el mundo, un apartado en el que México suscita preocupación y alarma.

–¿Se puede decir que México atraviesa uno de sus periodos más críticos en relación con el respeto a los derechos humanos?

–Se puede decir que México pasa por un periodo extremadamente grave de violación de los derechos humanos. Al parecer, en lo que va del año la situación se ha agravado aún más, con el descubrimiento de fosas comunes en Tamaulipas y Durango.

“Es una muestra más del patrón de violencia e impunidad que impera en buena parte del país. Vemos una situación de violencia que afecta a muchos sectores de la sociedad y que no tiene respuesta del Estado.

“Falta de respuesta que también vemos en los constantes abusos que sufren los migrantes irregulares que cruzan el país, así como en la violencia contra las mujeres, contra las comunidades indígenas y la libertad de expresión.

“Y no vemos una respuesta del Estado. Entonces, sí, estamos en una situación muy grave que ha empeorado porque la política del Estado en materia de derechos humanos no ha sido la adecuada para reformular el propio Estado y garantizar mayor protección.

–¿Considera que entre la clase política se ha instalado cierto desafecto hacia los derechos humanos?

–Yo diría que sí. Y creo que se ha puesto de manifiesto en la marcha de hace unos días para repudiar la violencia y rechazar la postura institucional del gobierno por su incapacidad para garantizar el respeto a los derechos humanos.

–¿Cree que el debilitamiento del Estado se ha acentuado durante este gobierno?

–Es evidente que la delincuencia organizada sigue siendo una grave amenaza para la seguridad, pero creemos que otra parte del problema es que el gobierno de Felipe Calderón no ha calculado bien las consecuencias ni ha invertido lo suficiente en las instituciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de forma real y auténtica.

“En el caso de los migrantes, por ejemplo, hemos visto que a escala internacional el gobierno ha promovido una política de carácter institucional en la que defiende su respeto a los derechos humanos. Pero esa misma actitud no la hemos visto en el terreno, tal y como se ha demostrado con la forma en que se investigan los abusos y la forma de actuar del Instituto Nacional de Migración (INM).

Vemos una situación de violencia que afecta a muchos sectores sociales y que no tiene respuesta del Estado, señala KnoxFoto Jesús Villaseca

Lo más grave es que no se termina con la impunidad de tantos abusos para romper el círculo vicioso de la violencia. El mensaje es claro: todo sigue igual por falta de voluntad política y la ausencia de una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos.

–Entonces, la situación extrema en la que está México suscita aún más preocupaciones a escala internacional, ¿es así?

–Es evidente que la situación de México es de alta preocupación. Pero no sólo por las cifras de asesinatos del año pasado, sino por la ausencia de rendición de cuentas de muchas instituciones; esa ha sido la principal debilidad de este gobierno. Por ejemplo, el haber incluido al Ejército en tareas de seguridad pública no ha venido acompañado de medidas para garantizar que esta institución rinda cuentas por posibles violaciones de derechos humanos. La reforma que había para modificar la justicia militar apenas ha avanzado y sigue prevaleciendo la impunidad.

–En el informe de AI sobre 2010 no se incluye el caso, pero esta semana se descubrió la presunta implicación de agentes del INM en secuestros y asesinatos masivos de migrantes. ¿Esto confirma la ausencia de controles?

–Sí, y es interesante, pues en todos los encuentros que hemos tenido los representantes del gobierno hablaban de las medidas que habían adoptado en el INM para encontrar a las personas que pudieran estar involucradas.

–Este año, en el 50 aniversario de AI, se dedica el informe a la libertad de expresión. ¿Hay retroceso en México en esa materia?

–La situación es preocupante. Tampoco ha mejorado en cuanto a la impunidad de los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación. Se había acordado un mecanismo gubernamental de protección a periodistas, pero al concluir el año aún no estaba en funcionamiento.

–Con más de 40 mil muertos desde la llegada de Felipe Calderón al poder, ¿México se ha situado en uno de los focos rojos del mundo en materia de violencia y violación de las garantías individuales?

–Sí. Hay una alta preocupación ante la violencia desatada. Y no es cuestión de culpar exclusivamente al Estado ni mucho menos. No solemos hacer comparaciones porque nos parece peligroso, pero es evidente que la situación en México se ha deteriorado gravemente y al parecer no hay una estrategia clara para salir de ella, que es fruto de muchos años de no haber llevado a cabo políticas de fondo.

“Pero es evidente que en años recientes se ha deteriorado aún más y se han creado situaciones en las que los responsables de las muertes de inocentes han sido miembros del Ejército y no ha habido un deslinde de responsabilidades, como en el caso del Tec de Monterrey.

En ese caso los militares querían responsabilizar a los delincuentes (por la muerte de dos estudiantes), cuando en realidad habían sido ellos los autores. Y hasta la fecha no se han esclarecido los intentos de desviar la investigación.