Puerto las Ollas / Coyuca de Catalán, Gro., 13 de mayo. En medio del monte, bajo improvisados techos de plástico y cartón, al menos 76 niños y 30 adultos comen, duermen e intentan hacer su vida diaria desde hace tres semanas, cuando amenazados por talamontes y presuntos narcotraficantes decidieron huir de su comunidad, La Laguna, y se refugiaron en Puerto las Ollas.

A bordo de cinco vehículos, recorrimos unos 80 kilómetros la noche del 22 de abril, recuerda Juventina Villa Mojica, viuda de Rubén Santana Alonso, dirigente de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán ejecutado el 15 de febrero pasado, en represalia por encabezar la lucha de los ejidatarios de La Laguna contra los talamontes.

Le pedimos al gobernador Ángel Aguirre Rivero que intervenga, porque no nos pudimos traer nada; aquí (en Puerto las Ollas) nos permitieron hacer nuestras casas de madera y techos de plástico, pero no hay escuela ni médico para atener a nuestros enfermos.

En La Laguna dejamos vacas, puercos, chivos, gallinas, maíz y el fertilizante. Los niños querían comer, pero no teníamos ni un peso, ni para la gasolina traíamos. La mayoría de los niños va a clases, pero aquí ya no tienen maestros ni escuela, dijo.

Representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos visitaron hoy el campamento.

Juventina explicó: Todo empezó “cuando ejecutaron a mi esposo Rubén Santana Alonso. Días antes recibió una llamada de la familia Gómez Cabrera, en la cual le decían que querían trabajar las maderas. Él les dijo que no, que antes tenía que platicar con todos los ejidatarios, y entonces lo amenazaron de muerte, pero les dijo que no le importaba y que si por eso se iba a morir, pos que ni modo.

Yo le había dicho que nos saliéramos porque lo iban a matar, entonces un señor de Uruapan (Michoacán) le llamó por teléfono y le ofreció una huerta de aguacate, y fuimos a platicar para ver si la comprábamos, pero de regreso lo emboscaron y lo mataron, añadió.

Dijo que la muerte de su esposo, de 44 años de edad, se debe a la defensa de los bosques; mi esposo no dejaba que se llevaran la madera, y cuando iba la máquina a rastrear, traía a la gente desde Filo (de la Sierra) a pararla para que no se llevaran la madera.

Ahora vienen de muchos lugares a robarse la madera: de la Costa Grande, de Vallecitos de Zaragoza (Zihuatanejo); del estado de México, Veracruz, Chiapas, Michoacán y una empresa que se llama Tachabusa. Se están llevando la madera por El Porvenir, Atoyac: a nadie le piden permiso.

Mencionó que quienes mataron a su esposo fueron detenidos a los 15 días por elementos del 40 Batallón del Ejército, en el puente de Coyuca de Catalán, eran siete, venían de Ciudad Altamirano, traían más parque y más armas, sus nombres son Homero y Gil Gallegos García; Orbelín Hernández Peñaloza; Aquileo Peñaloza Castillo y los hermanos Amadeo, Valdemar y Domínguez Urióstegui, originarios de Hacienda de Dolores.

Acusó también a las familias Díaz Hernández, Díaz Núñez, Flores Ávila y Benítez Hernández, más de 30 personas que van armadas, de hostigarlas. Hace tres días, dice una de mis hijas que se quedó allá en La Laguna, que llegaron de Hacienda de Dolores, todos con armas, rodeando la cuadrilla, abrieron las puertas del cuarto y del potrero para que se salieran las vacas. No hay duda que los que mataron a mi esposo se dedican a la siembra y compraventa de droga, dijo.

Es gente de Los Ciruelos y Los Guajes de Ayala, y están apoyados por Erit (Montúfar Mendoza, ex director de la Policía Ministerial Estatal), su hermano Ramiro y Gil, que les mandaron parque y fornituras a los agresores.

Su esposo no es el único de su familia al que han matado. A su primer hijo lo mataron los Reyes Urióstegui, hace seis años, se llamaba José de Jesús y murió el 15 de marzo de 2005.

Apenas el 17 de abril mataron a su hijo Sergio Santana Villa, de 22 años, y a Martín N, y Gilberto Islas, quienes lo acompañaban. Me mataron a mis dos hijos, mi esposo, un yerno, mi compadre y dos amigos de mi hijo, resume.

Adelaido Memije, representante en la Costa Grande de la Coddehum, anunció la posibilidad de pedir medidas cautelares en favor de estas 20 familias, pero antes se debe dar vista al Ministerio Público y a la Procuraduría de Justicia estatal para que se castigue a las personas que cometieron el delito.

El desplazamiento fue confirmado por Alberto López Rosas, procurador General de Justicia del Estado. Inclusive hemos pedido a las personas (desplazadas) que no habiten en ese lugar, que por el momento abandonen esos sitios mientras nosotros establecemos el control pleno (en La Laguna y sus inmediaciones) junto con las demás autoridades federales.

Es una zona de conflicto; obviamente no es una responsabilidad absoluta del gobierno del estado, también deben participar instancias federales y las propias municipales, sobre todo de Petatlán, dijo.