En Durango, la Fiscalía General de Justicia exhumó más de cien de los 201 cadáveres depositados en fosas clandestinas, sin aplicar durante esa labor protocolos criminalísticos y forenses. Para empezar, en la localización se emplearon trascabos, lo que dañó aún más los restos. Según revelaron funcionarios duranguenses, el Servicio Médico Forense (Semefo) se abstuvo de aplicar muchas de las autopsias; la toma de muestras para la identificación genética podría estar mal practicada y, simplemente, en una etiqueta, se colocó el número de cuerpo y de averiguación previa relacionada, además del supuesto sitio del hallazgo.

Personas que han sufrido la desaparición de algún familiar pero aún tienen la esperanza de encontrar y sepultar los restos de sus seres queridos, están siendo persuadidas por funcionarios de la fiscalía para que se olviden a sus parientes y no enfrenten un doble luto. O bien, si quieren ser objeto de un examen genético para confrontar con las muestras que se obtengan de los cadáveres, les indican que acudan a laboratorios privados donde el procedimiento tiene un costo aproximado de 25 mil pesos. Argumentan que el gobierno estatal no cuenta con recursos suficientes para ello.

La Jornada buscó desde el jueves en su oficina y telefónicamente al fiscal Ramiro Ortiz para tener su versión de lo que sucede con los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas. Durante la noche se comprometió a dar una entrevista a las 11 horas del día siguiente y no negó que las diligencias hayan sido mal realizadas. A la hora convenida y cuatro horas después, el funcionario no contestó su teléfono celular.

La historia de este caso comenzó el pasado 11 de abril en la capital duranguense, cuando elementos de la Policía Federal descubrieron la primera fosa clandestina en el fraccionamiento Las Fuentes.

Las autoridades locales, encargadas por ley del levantamiento de los restos, iniciaron la exhumación con maquinaria pesada (trascabos) y con algunas palas. Peritos y ministerios públicos de la fiscalía de Durango extrajeron 88 restos.

Un día después se localizó otra fosa clandestina en el fraccionamiento Providencial, a menos de un kilómetro de distancia de la primera. Allí había 15 cuerpos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene contabilizadas 209 personas desaparecidas de 2008 a la fecha, por lo que no se descarta, según comenta el presidente de ese organismo, Carlos García Carranza, que entre los cuerpos sacados de esas fosas estén personas reportadas.

En cuanto a la exhumación, personal del Semefo de Durango, que solicitó el anonimato, reconoció que el procedimiento ocasionó que se destrozaran los cuerpos.

Las irregularidades continuaron en el Semefo. El gran número de cadáveres propició la saturación de los servicios periciales del estado. Por ello se realizarán pocas diligencias y, en algunos casos, no se harán autopsias, que deben ser practicadas por ley.

De acuerdo con los testimonios recogidos con autoridades federales y locales, en muchos de los casos los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de Durango enviaron los restos dentro de bolsas a los camiones refrigerantes.

La información recabada entre funcionarios del Semefo señala que a falta de necropsias, las causas de la muerte se han estimado a partir de las primeras revisiones que se hicieron a los cadáveres en el lugar de su levantamiento. Se considera que 20 por ciento presenta un disparo en la cabeza; un porcentaje indeterminado signos de tortura, y como en muchos casos no se detectó a simple vista, se cree que hubo asfixia.

Algunos testimonios

El hijo de Irma desapareció hace 29 meses. Antes ya había perdido otro. El que ahora busca desapareció con otras personas al salir de una discoteca. Cree que se encuentra entre los cadáveres exhumados.

Asegura que las autoridades locales nunca investigaron su caso y hoy, que considera que la tierra escupe muertos en cinco fosas de Durango, renace su duelo. Pero mayor dolor y rabia le provoca “la ineficiencia de las autoridades, que me desalientan a buscar mi hijo entre los cuerpos. ‘¿Para qué?’, preguntan. Pero no pierdo la fe”.

En tanto, Rosa, quien perdió a su marido hace cuatro años, supo que las autoridades encontraron fosas clandestinas en Durango y están sacando decenas de cuerpos. Al igual que Irma, señala que las autoridades periciales le recomiendan olvidarse del asunto.

Madre de dos niñas y un niño, Rosa vivió la desaparición de su esposo después de que ambos llevaron a sus hijos a la escuela. Ella se fue a casa. Él al trabajo.

Viví meses de angustia, de dolor... Denuncié la desaparición, pero las autoridades nunca investigaron; se burlaban de mí cuando acudía a ver qué pasaba.

Tras dos años acepta que su marido podría estar muerto, de hecho, en casa lo dimos por enterrado. Era mejor pensar que estuviera muerto... fue una terapia más fácil para nosotros, pero mi hija mayor nunca se ha resignado.

El 14 de abril, cuando se abrió la segunda fosa, su hija le pidió que acudiera a verificar si entre los restos que habían exhumado se encontraban los de su padre. “Es como vivir el mismo duelo dos veces. Pero acudí a la Fiscalía General para tratar de encontrar los restos de mi marido.

“Lamentablemente los de Servicios Periciales dijeron que no nos convenía iniciar los exámenes, que serían muy tardados y que no eran confiables. Me dijeron ‘deje las cosas como estaban. Lo mejor es mantener a su esposo enterrado, como lo habían mantenido estos años’. Me desalentaron”.

En el caso de Irma, ella fue a las oficinas de la fiscalía y al Semefo para tratar de identificar entre los cuerpos el de su hijo; la respuesta que obtuvo fue: “si su hijo llegara a estar entre los casi 200 que han sacado, nunca lo va a identificar, los cuerpos están deshechos. Además los exámenes tardan hasta siete meses, no le conviene volver a vivir en la incertidumbre.

“Si los cuerpos están deshechos es porque usaron trascabos para sacarlos; esas máquinas volteaban la tierra y deshacían cuerpos cada vez que las ponían a trabajar; no tuvieron respeto.

Más coraje me dio cuando en el Semefo dijeron que no tenían equipo para las muestras de ADN, incluso, dijeron que si quería fuera a un laboratorio privado y luego les llevara los resultados porque esa prueba costaría entre 20 y 25 mil pesos, que si no los tenía dejara todo por la paz.

El pasado 6 de mayo, el gobernador Jorge Herrera Caldera fue cuestionado sobre lo que ocurre en la fiscalía y el Semefo, donde los empleados envían a los probables familiares de las víctimas a laboratorios privados para las pruebas genéticas.

Tras reconocer que el valor de una prueba de esa naturaleza tiene un precio elevado, añadió: estamos buscando la manera de lograr un convenio con la Federación para que entre ambas estancias, la federal y la estatal, subsidiemos este examen y a la pobre gente, que ya de por sí es un dolor y una pena ir a tratar de identificar a un familiar entre los muertos, pues no les cobremos nada.

Héctor Vela Valenzuela, secretario general de Gobierno, declaró el 10 de mayo que la fiscalía no cobrará los exámenes porque se firmó un convenio con la PGR, pero autoridades federales lo negaron y señalaron que solamente se ha convenido que los peritos federales realicen las tomas de muestras de los restos localizados y que se encuentran dentro de dos camiones con frigoríficos.