Monterrey, NL, 13 de mayo. Junto a la militarización del país por la llamada estrategia contra el crimen organizado hay un proceso de paramilitarización en el que reaparecen las torturas, ejecuciones, desapariciones y otras prácticas de la guerra sucia, que son el tipo de violaciones a los derechos humanos con que se tipificó el terrorismo de Estado cuando estaban implantadas las dictaduras en América del sur, advirtió el analista Carlos Fazio.

Antes de participar aquí en el foro Militarización y violencia en México, dijo en entrevista que los grupos reaparecidos en el país eliminan a los jóvenes que consideran desechables, y conforme a testimonios recabados en distintas partes, puede verse que primero actúan los paramilitares, mientras los efectivos castrenses y la policía llegan 15 o 20 minutos después, pero nunca se siguen las investigaciones para dar con los asesinos.

En las experiencias que tuvimos en Argentina, Uruguay o Guatemala en los años 60 y 70 del siglo pasado, el paramilitarismo era consustancial a la seguridad del Estado e inherente a grupos dependientes del Ejército o alguna estructura policial, declaró el especialista.

En México –dijo– esos grupos no tienen una denominación como la Alianza Anticomunista Argentina, el Comando Caza Tupamaros de Uruguay o la Mano de Guatemala, pero se les reconoce por su tipo de acción y su existencia se revela en hechos como los de Ciudad Juárez, donde en septiembre de 2009 un comando de ocho o 10 sujetos vestidos de negro y con armas AK-47 llegó en camionetas oscuras a un centro de atención para jóvenes adictos, mató a 18 y secuestró a cinco.

Aquella matanza se cometió en una ciudad militarizada por el Operativo Conjunto Chihuahua, pues el Ejército mandó 6 mil 500 soldados que se sumaron a las fuerzas locales. La ex procuradora estatal, Patricia González Rodríguez, no sólo dijo que las víctimas eran jóvenes marginales, sino también se anticipó a Felipe Calderón cuando señaló después que el ataque en Villas de Salvárcar ocurrió por un pleito de pandillas.

De modo que se repite el tipo de masacres que antes cometían grupos coludidos con el Estado, pero hay un patrón que tiene que ver con las palabras, no sólo con los hechos. En Nuevo León mismo, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, dijo al tomar posesión en octubre de 2009 que tenía su grupo rudo, y que había sido exterminado el peligro número uno del municipio: Héctor El Negro Saldaña, cuatro horas antes de aparecer su cadáver en el Distrito Federal.

Otra evidencia –reseñó Fazio– es que el teniente coronel Julián Leyzaola, ex jefe de la policía de Tijuana y ahora de Ciudad Juárez, habló de exterminar a quienes considera delincuentes; mientras el general Carlos Bibiano Villa Castillo, ex jefe policiaco de Torreón y actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, “planteó que a las mujeres, a las gordas del narco, las estrangulaba con un hilo, y a los sicarios los mataba porque no deben vivir”.

De hecho, cuando los militares toman las tareas policiales y hacen justicia por propia mano hay un patrón de conducta, sostuvo el periodista, quien observó que la Ley de Seguridad Nacional que se pretende reactivar la próxima semana busca normalizar el estado de excepción con que se gobierna desde el primero de diciembre de 2006, justificar la guerra calderonista y legalizar la acción extraconstitucional o anticonstitucional represiva y no preventiva del Ejército.

También alertó que Estados Unidos utiliza la Iniciativa Mérida para penetrar los organismos de seguridad del Estado y quedarse con la inteligencia que también es clave en la defensa de la soberanía nacional, como antes ya hizo en Colombia, donde asentó bases militares, vendió armas y reorganizó el Ejército, pero al cabo de 10 años no bajó la venta ni la producción, aunque sí el precio de las drogas.