El Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres detalló las 16 propuestas legislativas con base en las cuales se intenta armonizar los códigos penales de todo el país con perspectiva de género, a fin de tipificar diversos delitos como violación, esterilidad provocada y feminicidio.

Los integrantes de este consejo confiaron en que los diputados dictaminen a más tardar en septiembre y que el proceso no se contamine con intereses partidistas o electorales.

Consideran que este tema es fundamental para el país porque 50 por ciento de las llamadas que se reciben en los teléfonos de emergencia no se relacionan con delitos comunes o atribuidos a la delincuencia organizada, sino con violencia contra las mujeres, en particular las de tipo intrafamiliar.

El jueves pasado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradictar la Violencia contra las Mujeres presentó en la Cámara de Diputados una serie de reformas a los 33 códigos penales y de procedimientos del país para que se incorporen los derechos humanos de las mujeres, en especial cuando son víctimas de delito.

El plan legislativo considera que el nuevo sistema penal acusatorio (conocido como juicios orales) debe establecer con claridad los derechos de las víctimas, especialmente las de los llamados grupos vulnerables.

Las reformas incluyen medidas de protección para las denunciantes; facilitar la asistencia en espacios en donde sean escuchadas por abogados con experiencia en atención a víctimas, y contar con asesoría sicológica y asistencia médica y, en especial, mecanismos para reparación del daño.

En conferencia de prensa, los miembros del consejo precisaron que una parte importante de la serie de iniciativas de reforma presentadas tiene que ver con delitos sexuales.

Por ejemplo, se propone, entre múltiples aspectos, ampliar las penalidades en caso de abuso cometido contra niños; incluso, se plantea que las relaciones sexuales con menores de 18 años –aun con cosentimiento– deben ser consideradas como violación.

La Secretaría de Gobernación impulsa los centros de justicia para las mujeres; en principio se incluyen en Tlapa, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Campeche, Campeche; Gustavo A. Madero, Distrito Federal, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Adicionalmente, existe un proyecto para combatir la denominada violencia institucional, el cual promueve que las mujeres sean sometidas a cirugías ginecológicas y de obstetricia sólo cuando se requiera, y con pleno consentimiento de la paciente.