l alcalde de Madrid, el conservador Alberto Ruiz-Gallardón, quiere borrar de la ciudad a los mendigos. Su sueño – gancho electoral, como lo definen otros– es limpiar las calles del centro histórico de los más de dos mil sin techo que se calcula viven en Madrid. El regidor madrileño está en campaña y como en ocasiones precedentes, volvió a sacar a relucir el discurso de la prohibición y la represión, que en su parroquia electoral –la más conservadora del país– suele calar.

Ruiz-Gallardón, que en este mes aspira a su tercera legislatura como edil madrileño, hizo una petición formal a su propia formación política, el Partido Popular (PP, principal fuerza opositora) para que pugne en el Congreso por la aprobación de una nueva ley que autorice a los gobiernos locales a retirar a los mendigos de las calles, con el argumento de que estas personas sin hogar, muchas de ellos devastadas por dramas personales o adicciones severas, hacen uso privativo de un bien público ,como es la calle.

El alcalde madrileño nombró como consejero de Asuntos Sociales a Ana Botella, la esposa del ex presidente José María Aznar y vinculado al sector más conservador de la derecha española. Desde el cargo ha criticado en reiteradas ocasiones el problema añadido que supone para los servicios de limpieza la presencia de los sin techo en las calles, además de que defiende, al igual que el alcalde, que se debe obligar a estas personas a permanecer encerradas en los albergues municipales de atención a personas sin techo. La mayoría de las personas sin hogar únicamente utilizan estos servicios a manera de urgencia y sobre todo en los días en que hace mucho frío.

Además de la indignación de una buena parte de los partidos de izquierda de la región, la propuesta del alcalde madrileño también recibió una respuesta concertada de 14 organizaciones que trabajan día a día con los sin hogar, que criticaron esta campaña que pretende vincular a los ciudadanos que viven en la calle con conceptos como delincuencia, suciedad y violencia. En pleno siglo XXI, no podemos permitirnos un retroceso en la legislación de los derechos de los ciudadanos.

Armando G. Tejeda, corresponsal