Santiago Ixcuintla, Nay., 15 de mayo. Campesinos de este municipio y de Bahía de Banderas renovaron sus contratos para proveer semilla de maíz a la empresa Monsanto, pero no se percataron de los cambios hechos al clausulado, que reducen el precio a casi la mitad. Al descubrir el trato desventajoso exigieron que se aplicara la cotización anterior y advirtieron a la trasnacional estadunidense que no le permitirán sembrar en tierras nayaritas por abusar de la buena fe de los labriegos.

Los productores fueron burlados porque Monsanto no les informó de la relaboración unilateral del contrato y creyeron firmar una continuación del anterior; pero resulta que les pagarán 2.70 pesos el kilo de semilla de maíz, lo que implica una pérdida de casi la mitad de su valor comercial, de cinco pesos. Como ello lesiona sus intereses e implica vicios de consentimiento, procede renegociar la transacción, explicó el dirigente Federico Langarica Chavarín.

El Centro Internacional de Maíz y Sorgo de la trasnacional, asentado en Santiago Ixcuintla, prevé una cosecha de 10 mil toneladas de semilla para el ciclo 2010-2011, y pretende vender el kilo a 100 pesos, con lo que obtendría ingresos por mil millones, indicó el también luchador social y ex líder tabaquero.

Langarica Chavarín detalló que 400 campesinos de Santiago Ixcuintla y 250 de Bahía de Banderas fueron engañados por Monsanto, cuyo contrato contiene otras cláusulas leoninas como la número 3, que estipula que sólo recibirán semilla los productores que paguen un seguro de cobertura amplia cuya única beneficiaria sea la empresa.

Los productores también absorberán los costos de barbecho, rastreo, fumigación, clareo, fertilización, preparación de camas de siembra, cultivo, aporque y desyerbe, conforme a la cláusula 4.1; mientras, la 11.1 define la cosecha como exclusiva de Monsanto pero inherente al productor, que deberá pagar 650 pesos por hectárea de planta hembra sembrada en su campo, cantidad a descontársele de la contraprestación final.

De la transportación se le retendrán 90 pesos por viaje al centro de acopio, y para garantizar que la cosecha no sea robada se contratarán vigilantes, con costos compartidos.

La cláusula 15 asienta que de fallecer el productor titular, sus herederos o causahabientes adquirirán todas las obligaciones contraídas, y la 23 –que finaliza el contrato– impone a los labriegos dirigir a la empresa toda comunicación por escrito, entregándola en forma personal o por correo certificado en las oficinas del corporativo en la ciudad de México.

En la liquidación anterior, uno de los proveedores devengó 92 mil 769 pesos, menos 40 mil 844 en deducciones por pago de fletes, uso de maquinaria, insecticida, seguro, anticipos entregados y los intereses de estos últimos conceptos, que figuran como descuentos por pronto pago. Así, el pago neto se reduce a 51 mil 924 pesos.

“Los campesinos quedaron como esclavos en sus propias tierras porque les jugaron el dedo en la boca cuando firmaron el contrato, confiados por falta de entendimiento, y ahora tienen pérdidas en vez de ganancias, pero el disgusto es creciente y tomarán las instalaciones de la transnacional si este lunes no hay una solución al conflicto en el diálogo que tendrán con su representante y el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Paniagua”, advirtió Langarica Chavarín.

Los productores también impedirán sembrar maíz a la empresa, cuyas máquinas cosechan trabajan día y noche en campos nayaritas, ante la urgencia de enviar semilla de maíz a estados Unidos, por el desbordamiento del río Misisipi.