El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará hoy dos amparos relacionados con la violación de un menor, ocurrida en el Instituto San Felipe de la ciudad de Oaxaca, asunto en el que desde un principio personajes y funcionarios ligados al entonces gobernador Ulises Ruiz emprendieron una campaña a favor de los acusados de abusar del menor en noviembre de 2006, cuando tenía cuatro años de edad.

En diciembre pasado, cuando la primera sala revisó por primera vez el proyecto de dictamen elaborador por Olga Sánchez Cordero, tres de cuatro ministros apoyaban el documento que daba la razón a la madre para que la directora del plantel, Yolanda León Ramírez, fuera también sentenciada por daño moral, además de que negaba el amparo a ésta en contra de la sentencia de seis años por el delito de violación equiparada. En esta ocasión, ministros consultados comentaron que difícilmente la mayoría apoyará el proyecto de la ministra.

Será la primera vez en la historia en que se transmitirá en vivo por televisión un juicio penal en el que la víctima es un menor de edad, cuya madre está plenamente identificada por la sociedad.

Fuentes judiciales reconocieron que es tema de reflexión si un asunto en que está involucrado directamente un menor de edad deba ser transmitido por televisión e Internet, sin que se violen sus derechos humanos y sin violentar el interés superior del niño.

Hace cinco meses había una mayoría de tres votos a favor del proyecto de dictamen; sin embargo, la decisión se aplazó a petición de José Ramón Cossío, quien dijo que necesitaba más tiempo para conocer del caso, y posteriormente coincidió con Guillermo I. Ortiz Mayagoitia en que en el dictamen no se comprobaba la responsabilidad de la acusada.

Este lunes –después de que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pidió hace unas semanas en la primera sala que el asunto fuera turnado al pleno– el panorama es muy diferente y se prevé que el proyecto de Sánchez Cordero sea rechazado.

Funcionarios judiciales consultados señalaron que sólo hay tres votos seguros en favor del dictamen (Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y del ministro presidente Juan N. Silva Meza); en contra están José Ramón Cossío, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Pardo, y se prevé que la mayoría de los cinco restantes vote en contra.

Este caso conmocionó en su momento a la sociedad oaxaqueña por los personajes del gobierno de Ruiz que apoyaron la defensa legal de la directora del plantel, y de su esposo Hugo Gabriel Constantino García y de Adán Salvador Pérez Ramírez –acusados directamente de haber abusado del menor–, quienes siguen prófugos de la justicia. Será discutido por el pleno del máximo tribunal casi tres años después de que la Corte intervino para que la justicia local agilizara la expedición de las órdenes de aprehensión. Posteriormente, la Corte atrajo el caso por su importancia y ante las presiones que ya lo rodeaban.

En ese contexto, trascendió que Arely Gómez, ex titular de la Procuraduría Federal para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y hermana de un importante ejecutivo de Televisa, solicitará entrevistas con algunos ministros para abogar por la inocencia de la directora del plantel.

Según el expediente 133-/2007, el niño fue atacado en noviembre de 2006 –cuando tenía cuatro años– por el maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y por Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la directora del colegio, Yolanda León Ramírez.

La madre de la víctima, Leticia Valdés Martell, interpuso un amparo ante la SCJN luego que la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado redujo de 10 a seis años la pena a la profesora García Soto. La inconforme exige que se repare el daño y se inhabilite a la acusada para ejercer su profesión, mientras la maestra asegura que es inocente.

Los ministros de la primera sala conocieron por primera vez ese caso en octubre de 2008 cuando, en una decisión histórica, prácticamente asumieron la defensa del menor y dejaron sin efecto la actuación del Ministerio Público de Oaxaca, que favoreció a los acusados al no girar orden de aprehensión en su contra.