Buenos Aires, 17 de mayo. Centenares de manifestantes con pancartas y fotos de desaparecidos acompañaron esta noche a las Abuelas de Plaza de Mayo en un acto ante tribunales pidiendo justicia al cumplirse diez años del comienzo de la causa judicial para establecer si Marcela y Felipe Noble adoptados en 1976 por Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, son hijos desaparecidos de la pasada dictadura.

La Cámara Nacional de Casación Penal convocó a una audiencia para el 26 de mayo para escuchar a las partes y resolver si confirma la decisión de obtener las muestras con o sin el consentimiento de Marcela y Felipe Noble, como resolvió en diciembre pasado la juez federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo que fue ratificado por la Cámara Federal de San Martín.

Se espera que la familia Noble vuelva a apelar el fallo, ya que han evadido el cumplimiento de estas resoluciones y sólo aceptaron comparar las muestras con dos familias querellantes y en Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha sido rechazado por los jueces, porque viola la ley.

“Hace diez años que nuestra asociación presentó una querella penal contra la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, por ‘supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios’” de Marcela y Felipe, dice la convocatoria de Abuelas donde se alude también a todos los obstáculos puestos para impedir la acción de la justicia.

Esto sucede también en momentos en que se realiza el juicio para establecer la existencia de un plan sistemático para apropiarse de niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres luego desaparecidos, durante la pasada dictadura militar (1976-1983).

El juicio es uno de los más dolorosos y han llegado a conmoverse hasta los jueces con las narraciones de los jóvenes que recuperaron su identidad, gracias al encomiable trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lograron encontrar a 103 de los casi 500 niños buscados.

Varios de los nietos recuperados acompañaron a la Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en sus reclamos. Sus padres están desaparecidos y las historias de sus madres prisioneras en los centros clandestinos de detención teniendo sus hijos atadas y hasta amordazadas, para luego arrebatarles los niños y desaparecerlas, constituyen una verdadera saga del horror.

La Abuelas piden que los jueces hagan cumplir las resoluciones que establecen que cuando hay negativas se deben extraer las pruebas genéticas judicialmente, lo que se ha hecho en todos los otros casos similares,

Los abogados de la dueña de Clarín han buscado subterfugios jurídicos de toda índole e incluso se llegaron a falsificar pruebas genéticas, lo que una enorme diferencia con respecto a otros casos por lo que se atribuye al enorme poder económico del Grupo Clarín y sus influencias sobre algunos magistrados. Para los familiares esa negativa hace que la sospecha se convierta casi en una certeza.

Sólo queremos saber si los jóvenes son los nietos que buscamos. Les hemos asegurado que nadie los obligará a nada, Sólo que por respeto y justicia a las madres y abuelas que buscan desde hace años a sus nietos, debieran cooperar sin ninguna resistencia, dijo Carlotto.

¿Qué hay detrás de todo esto que es imposible llegar a la verdad?, se preguntó Carlotto y acusó a los grupos de poder mafioso que entregaron a nuestros nietos mediante un complot entre distintos sectores, entre los que mencionó a grupos económicos y sectores de la Iglesia.

Precisamente hoy la jueza federal María Servini de Cubría condenó a 18 años de prisión al ex policía Luis Antonio Falco por el delito de apropiación de Juan Cabandié, legislador de la ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada y arrebatado a su madre Alicia Alfonsín de 17 años a quien desaparecieron como a su padre Damian Cabandié de 19 años.

Cabandié fue el nieto número 77 encontrado y él mismo buscó a su identidad ante los malos tratos de su padre adoptivo.

Ayer el tribunal Oral Federal de Resistencia, provincia de Chaco condenó a cadena perpetua a los responsables del fusilamiento de 22 presos políticos durante la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976 en un lugar llamado Margarita Belén.

El hecho conocido como la Masacre de Margarita Belén considerado como histórico en el interior del país, fue parte de un operativo conjunto del ejército argentino y la policía del Chaco cuando 22 presos políticos detenidos en la alcadía policial de la capital chaqueña fueron fusilados en un supuesto traslado a otra prisión por personal que respondía a la VII brigada del ejército, a cargo del general Cristino Nicolaides. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común y cinco personas aún no fueron identificadas. Los ocho condenados deberán cumplir las penas en cárcel común.