Saltillo, Coah., 18 de mayo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que hoy dio inicio el programa extraordinario de inspección a más de 100 minas subterráneas de carbón en Coahuila para corroborar que operen en condiciones adecuadas de seguridad para sus trabajadores y con la documentación en regla. Las revisiones durarán tres meses.

El propósito de esta medida es propiciar un cambio real y tangible en las condiciones en que operan las minas y pozos subterráneos de carbón, a fin de evitar en lo posible accidentes como el ocurrido el 3 de mayo en el pozo 3 de la mina Binsa de Sabinas, donde murieron 14 trabajadores, explicó el delegado de la dependencia en la entidad, Manuel de Jesús Hernández Rocha.

Dijo que en la revisión de las minas en la zona carbonífera de Coahuila participan autoridades de la STPS, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El objetivo es inspeccionar un mínimo de 100 centros de trabajo en los primeros 90 días; la STPS, por conducto de la Inspección Federal del Trabajo, revisará el cumplimiento de la normatividad laboral, principalmente de las condiciones de seguridad estipuladas en la norma oficial mexicana número 32.

Autoridades federales calculan que en la entidad existen entre 150 y 300 pozos carboneros, pero otras versiones gubernamentales indican que la cifra podría ser mayor a 500.

Hernández Rocha advirtió que en los yacimientos donde se detecten irregularidades se impondrán las sanciones que correspondan, las cuales podrán consistir desde restricciones de acceso y suspensiones de obras y trabajos hasta multas, clausuras y la cancelación de los títulos de concesión.

Agregó que el IMSS ejercerá sus atribuciones en aquellos casos en que las inspecciones de la STPS detecten incumplimientos o inconsistencias en los registros de altas y bajas ante dicho organismo.

A su vez, la Semarnat ejercerá sus atribuciones por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para detectar violaciones a las normas de impacto y riesgo.

Detalló que las inspecciones incluyen a empresas que abastecen de mineral a la Comisión Federal de Electricidad. Las que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad dejarán de ser proveedoras de la paraestatal.