Guadalajara, Jal., 19 de mayo. Autoridades del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo que administra la red hidráulica en la zona metropolitana de Guadalajara, interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal en contra de funcionarios de la pasada administración municipal por el presunto desvío de 280 millones de pesos.

La querella es por el supuesto desfalco de 280 millones de pesos de una bolsa de mil 200 millones que fueron entregados al SIAPA por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para concretar en 2008 el programa Todos con Agua, que tenía por objetivo ampliar la red de agua potable a cientos de colonias marginadas del área metropolitana de esta capital.

La lista de ex funcionarios del SIAPA demandados la encabezan el ex titular del organismo, el panista Rodolfo Ocampo Velázquez, actual asesor del gobernador de Jalisco, el también panista Emilio González Márquez. Asimismo, Diana Julieta Rodríguez, ex tesorera, y Mario Alberto Juárez, ex gerente del organismo.

En conferencia de prensa, Uriel Parga Ramírez, director jurídico del SIAPA, informó que se trata de una primera denuncia contra los citados ex servidores públicos por el desvío de 280 millones de pesos para su especulación en la bolsa de valores que llevó a una pérdida de 19 millones 860 mil pesos.

Dijo que el desfalco global en el SIAPA, bajo la dirección de Ocampo Velázquez, alcanza los 700 millones de pesos que contemplan 348 millones de pesos que fueron destinados para gasto corriente del organismo y no para infraestructura hidráulica.

En breve se presentará otra denuncia penal por el desvío de aproximadamente 700 millones de pesos, en los que se pierden 348 millones, adelantó el funcionario.

Parga Ramírez detalló que el área a su cargo lleva a cabo el proceso de 27 juicios contra empresas que no concluyeron algunas de las obras del programa Todos con Agua o las dejaron mal hechas.

El director jurídico del SIAPA advirtió que si tales empresas se negaran a resarcir las obras, entablarían juicios contra ellas con el fin de recuperar hasta 70 millones de pesos. De igual forma, las autoridades actuales investigan a unos 30 funcionarios tanto de la presente como de la pasada administración.