Durante una reunión con los integrantes del Grupo Plural del Senado que da seguimiento a los procesos electorales, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, expresó preocupación ante el riesgo de que el narcotráfico y el crimen organizado penetren en las campañas y en general en los próximos procesos electorales y demandó a los legisladores que se apruebe a la brevedad la reforma penal en la materia que está pendiente en el Congreso.

El senador del PRD, Rubén Velázquez, uno de los legisladores asistentes a ese encuentro, reveló que la procuradora expresó también preocupación por los comicios que se habrán de realizar en territorio calificado como peligroso y la posibilidad de que las bandas criminales puedan provocar hechos violentos.

Detalló que la reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la PGR el pasado miércoles y estuvo también presente el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), José Luis Vargas Valdez. Ambos funcionarios, dijo, insistieron en la urgencia de aprobar la reforma penal electoral, que cierra la puerta al dinero mal habido y al riesgo de que miembros de la delincuencia pudieran presentarse como candidatos a puestos de elección popular.

El dictamen de esa reforma, que endurece las penas y pasa de 160 tipos delictivos comiciales a sancionar a 553, estuvo enlistado para votarse en la sesión del 29 de abril de la Cámara de Diputados, pero el PRI pidió retirarlo.

En un documento que Morales entregó a los legisladores se insiste en la urgencia de aprobar el proyecto. A partir de la reforma electoral de 1996, han surgido nuevas amenazas no contempladas en la legislación vigente que afectan la autenticidad del voto, como la creciente intromisión de la delincuencia organizada en los procesos electorales y prácticas, cada vez más sofisticadas de compra y coacción del voto.

De ahí que, de cara a la elección presidencial de 2012, resulta inaplazable promover una actualización de los tipos penales electorales, que permitan combatir la impunidad y dotar a la autoridad de herramientas para hacerle frente a las amenazas a la autenticidad del libre ejercicio del voto y al desarrollo de los procesos comiciales.

Trabas y quejas en Edomex

La reforma, se detalla en el escrito, aumenta penas e incorpora agravantes, con miras a impedir que se lave dinero del narcotráfico en las campañas, participen miembros de la delincuencia organizada como precandidatos o candidatos, haya actos de intimidación de las bandas criminales que atenten contra la libertad del sufragio, el acceso de los electores a las casillas o intimide o amenace a los funcionarios de casillas.

Aportar o usar recursos en efectivo o en especie de origen ilícito en los procesos electorales en favor de candidatos o partidos políticos, se tipifican como delitos graves y se sancionan, según los cambios al Código Penal Federal, con hasta 20 años de prisión.

El senador Velázquez comentó que en la reunión se aludió a la posibilidad de que haya un período extraordinario en que pueda aprobarse esa reforma, y se vote antes de finales de junio, a fin de que pueda aplicarse en la próxima elección presidencial.

Es necesario además que este dictamen camine, para que la Fepade pueda entrar de oficio a vigilar los procesos electorales estatales y municipales. Reveló que de las cinco entidades en que habrá elecciones, sólo Nayarit ha firmado convenios con esa fiscalía para la vigilancia de los comicios.

Es el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, el que mayores trabas ha puesto, dijo. En otro documento que la PGR entregó a los legisladores, el Informe de la Fepade correspondiente a abril, se detalla que en ese mes, esa entidad es la que mayor número de averiguaciones previas iniciadas representa y ocupar el tercer lugar a nivel nacional.