Guadalajara, Jal., 20 de mayo. El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cesó a ocho funcionarios de la gerencia técnica del organismo, a quienes se les involucra en el desvío de 700 millones de pesos de los mil 200 millones que en 2008 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó para cubrir el déficit del servicio de agua potable a medio millón de habitantes de esta capital y la zona conurbada.

El contralor del SIAPA, Alfonso Gómez, dijo que los funcionarios contratados en la pasada administración municipal panista fueron cesados por omisiones, irresponsabilidades y falta de apego a los criterios que marcan las leyes de obras y reglamento.

Explicó que su labor en el programa Todos con Agua –financiado con el préstamo del BID– dejó obras de mala calidad hasta en 70 por ciento del proyecto, y con obras que aunque se pagaron no se ejecutaron.

Los ahora ex funcionarios son los coordinadores de obras Guillermo Blanco, Joel Infante, Hugo Alejandro Aguirre y Juan Luna Padilla; el jefe del departamento de obras, Vicente Quintero; la jefe de Evaluación y Concurso, María Eugenia Castro Padrón; el jefe del departamento adscrito al departamento de Ingeniería, Salvador Ángel Carranza, y el coordinador de obra, Armando Diosdado.

Alfonso Gómez señaló que además de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo –quien actualmente es asesor del gobernador Emilio González Márquez–, se analiza si los ocho funcionarios también serían demandados.

El funcionario anunció que paralelo a este asunto, la dirección Jurídica del organismo investiga a nueve empresas a las que se asignaron los contratos de obras y que no terminaron su trabajo o lo hicieron mal.

De las obras que contemplaba el plan de inversión, solamente 30 por ciento están terminadas y están funcionando, detalló el contralor.

De su lado, la asociación Conciencia Cívica, alertó que la PGR pretende enviar el caso al fuero común, para que sea la Procuraduría General de Justicia estatal la que lleve los casos, lo que provocaría impunidad, porque seguramente serán exonerados por el procurador panista Tomás Coronado.