urante la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad para el Diálogo y el Desarrollo, diversos sectores de la academia y la sociedad organizada llamaron a establecer mecanismos constitucionales para reconocer la riqueza y diversidad cultural de México. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, afirmó que el país no puede seguir en la negación de su diversidad ni marginar a ningún grupo étnico, y llamó a impulsar la creación de políticas públicas para la inclusión de la población afrodescendiente.

El llamado del titular de la Conapred es en principio plausible, pero resulta insuficiente ante una circunstancia de discriminación y exclusión que se ceba no sólo con los afrodescendientes, sino también con los diversos grupos originarios del país.

La declaración del funcionario, así como los recientes señalamientos del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Heriberto Félix, en el sentido de que la justicia para los pueblos indígenas es prioritaria para el calderonismo, han de cruzarse con datos proporcionados en una encuesta realizada por el propio Conapred, con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se dio a conocer en marzo pasado, la cual revela realidades tan exasperantes como que 15 por ciento de la población consultada manifestó que sus derechos no han sido respetados debido a su color de piel, y que ser indígena o afrodescendiente representa en nuestro país una mayor probabilidad de tener poca o nula educación, carecer de acceso a servicios básicos de salud y vivir en familias sin ingresos fijos.

Los datos obligan a recordar el vínculo directo entre la discriminación y otros fenómenos como la pobreza, la marginación, la exclusión y la exposición a atropellos de las autoridades, así como a un trato desigual ante la ley. Resulta imperativo recordar el injusto arresto y encarcelamiento de Teresa Alcántara Juan, Alberta González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, pertenecientes las tres a la etnia ñañu, acusadas en agosto de 2006 de secuestrar a varios policías de la extinta Agencia Federal de Investigación y víctimas del encarnizamiento de ministerios públicos y jueces por el simple hecho de ser indígenas y pobres.

La corrección de esta circunstancia, por otra parte, demanda de una visión más amplia que la aplicación de políticas públicas. Un paso fundamental, en cambio, es la recuperación de la llamada Ley de Derechos y Cultura Indígenas en sus términos originales, que resultó desvirtuada hace casi una década cuando el Legislativo aprobó, en su lugar, un remedo que dejó irresueltas algunas de las circunstancias legales que han hecho posible la marginación, la explotación y la discriminación de los pueblos indios por la institucionalidad y diversos sectores privados. Asimismo, resulta imperativa la inclusión, en ese cuerpo de reformas o en otras leyes paralelas, de la figura de las comunidades afrodescendientes, que al día de hoy padecen, además de los males compartidos con los pueblos originarios, indiferencia oficial que se refleja en la virtual inexistencia de esa población en las estadísticas oficiales.

La situación actual de abuso y sometimiento que padecen los pueblos indios y los llamados afromexicanos plantean la urgente necesidad de que los gobiernos asuman su responsabilidad y compromiso con el respeto de sus derechos. En caso contrario, las palabras oficiales de simpatía hacia esos grupos seguirán presentándose, ante la opinión pública, como meras buenas intenciones, en el mejor de los casos, o como actos de simulación, en el peor.