e un tiempo acá, el mismo que el neoliberalismo lleva de haber sentado sus reales como razón de estado, el derecho ha cambiado su función: ya no protege los derechos de la sociedad en general sino los de los dueños del dinero; tampoco las normas que lo integran constituyen reglas generales aplicables a todos los casos donde existe conflicto, sino sólo un referente para negociar cada asunto específico, sin importar si las partes respetarán los acuerdos, porque los órganos del Estado facultados para hacerlo no sienten la obligación de cumplir el objetivo para el que fueron creados. En esta situación, el estado de derecho se convierte en un discurso político que puede acomodarse al gusto y necesidad de quien lo produce: los operadores del Estado y el grupo económico que representan.

Esta es la conclusión que puede sacarse de la actuación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua y su similar del estado de Jalisco, frente a la inconformidad de los afectados por la construcción de la presa El Zapotillo. Como La Jornada reportó en su momento, el pasado 28 de marzo los afectados por esa obra tomaron las instalaciones donde se construye, logrando con ello abrir un diálogo con el gobierno, cuyo fin era encontrar alternativas viables para ambas partes. No pudo ser así porque, mientras los afectados exponían sus razones, en muchos casos ganadas ante los tribunales correspondientes, la delegación gubernamental se dedicaba a tratar de convencerlos de la inutilidad de su resistencia porque la obra de todos modos va construirse.

En la última ronda de pláticas, realizada el 15 de abril, se acordó que entre los días 15 y 20 de mayo se realizaría una mesa definitiva en donde participaría el titular de la Comisión Nacional del Agua y el subsecretario de Gobernación, con el fin de formar acuerdos sobre el problema. Este plazo se cumplió sin que el gobierno hiciera una propuesta de solución, ni mostrara algún interés en continuar dialogando. Los afectados están preocupados porque no es el único incumplimiento de la delegación gubernamental; en las mesas de diálogo también acordaron que, como muestra de la voluntad para avanzar en la solución del problema, se retirarían las denuncias penales contra quienes participaron en la toma de las instalaciones, cosa que hasta ahora no ha sucedido.

La historia no es nueva, los agraviados la han vivido al menos en los seis años recientes. En 2008, el gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, se comprometió públicamente a que si el 50 más uno de los afectados rechazaba la construcción de la presa, ésta se suspendería; los habitantes de las comunidades exigieron una consulta para recabar la opinión de la gente y el gobierno se negó a realizarla; entonces, la organizaron ellos mismos, mostrando que la mayoría de los habitantes de las comunidades no quería la obra. Pero no sólo eso: varios juzgados de amparo, igual que el Tribunal de lo Administrativo en el estado, han ordenado a las autoridades que se suspenda la obra porque viola los derechos de los inconformes. Y nada. Nadie hace algo porque las leyes y determinaciones judiciales se cumplan.

Pero no todo está perdido. En estos años de lucha, organizados en el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los afectados han aprendido que los derechos establecidos en las leyes no se cumplen si los titulares de ellos no se mueven para que así sea. El empecinamiento gubernamental para realizar la obra, pasando por encima de sus garantías constitucionales, lejos de desanimarlos los alienta a seguir luchando por un lugar digno donde puedan vivir ellos y sus descendientes. Y ya se aprestan a hacerlo. Por lo pronto han anunciado que la próxima semana reanudan sus movilizaciones en defensa de sus derechos. No están dispuestos a que éstos sean conculcados impunemente.