o hay nada más imprevisible que el pasado. Ahora parece que los lacandones conservan la selva, por lo que el gobierno de Chiapas, a nombre del programa REDD, les paga en reconocimiento de su espíritu de preservación ambiental. También los entrena para inventariar especies y combatir otros pueblos indios que habitan la región, incluyendo comunidades zapatistas. Esos otros, afirman gobierno y trasnacionales conservacionistas, destruyen la selva. La verdad es muy distinta y contradice la versión oficial y la de los traficantes de conservación. La mayor deforestación de la selva Lacandona la ha producido históricamente la prospección petrolera, los latifundistas, las empresas madereras, chicleras, grandes ganaderos y las carreteras que estas actividades demandaban. Los lacandones sirvieron de encubrimiento para que las madereras siguieran deforestando impunemente.

Los habitantes originarios de la selva Lacandona fueron extinguidos por los conquistadores en el siglo XVII y los ahora llamados lacandones llegaron desde Guatemala y Yucatán. Llegaron también otros pueblos indios buscando refugio, entre otros, choles, tzotziles, tojolabales y tzeltales. Eran perseguidos de guerra, desalojados de su tierra por la codicia de viejos y nuevos conquistadores, rebeldes y escapados de la esclavitud de las haciendas.

Cuando en 1972 el gobierno decidió titular a favor de 66 lacandones más de 614 mil hectáreas fue para dar tranquilidad y negociar la selva con madereros y ganaderos, como ahora lo quiere hacer con los mercaderes del carbono. Ni entonces ni ahora fue por el espíritu de conservación de los llamados lacandones. El decreto de 1972 convirtió en invasores ilegales a las otras comunidades que estaban allí. Los lacandones sólo constituían 6 por ciento de la población, pero su espíritu ancestral no les impidió aceptar este acuerdo tan injusto contra los otros indígenas. Luego sirvieron de coartada para que la explotación maderera pudiera seguir, incluso se hicieron socios de la Compañía Forestal de la Lacandona SA.

Ahora, avizorando nuevos negocios con la biodiversidad y los mercados de carbono, el gobierno estatal vuelve a arremeter contra las comunidades de la selva, comprando a quien se deje y reprimiendo a los demás. Mientras da a lacandones dinero y ambulancias, a la comunidad de Amador Hernández, que no acepta sus negociados, les retira los pocos servicios de salud y transporte médico que tenían. Como desde hace siglos, si los indios no quieren someterse, hay que sacarlos de esa riquísima selva. Los nombres cambian, las intenciones no.

El gobierno chiapaneco llama a esto proyectos REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada de bosques) y se ufana de un acuerdo firmado con el gobierno de California en 2010, para venderle a empresas contaminantes de allá bonos de carbono de la selva Lacandona. Pero la Suprema Corte de San Francisco, California, sentenció en marzo 2011 que el marco general por el cual el gobierno californiano firmó el acuerdo con Chiapas viola el Acta de Calidad Ambiental de California, al no buscar alternativas de reducción de emisiones domésticas y sólo basarse en mercados de carbono.

No obstante, el gobernador Sabines sigue propagandeando el acuerdo y aunque no tenga contraparte segura en Estados Unidos, ni las bases técnicas para REDD, paga con dinero público a los lacandones. La venta de bonos de carbono de la selva le da una excusa nacional e internacional (lucha contra el cambio climático global) para sacar a los indios que no colaboran y facilitar el acceso a la biodiversidad a las trasnacionales. Su versión del futuro sustentable de la entidad se basa en entregar la decisión sobre el uso de la selva a los empresarios de los bonos de carbono.

Un colaborador esencial de estas políticas de cambio climático del gobierno de Chiapas es Conservación Internacional (CI), famosa, junto a otras ONG trasnacionales, como WWF y The Nature Conservancy, por promover la privatización y mercantilización de la naturaleza, bajo la cobertura de conservación. Un concepto útil para justificar el desalojo de comunidades de áreas que interesan a las trasnacionales que las financian. Obviamente, las tres integran el comité REDD nacional del gobierno mexicano.

Un botón de muestra sobre CI. El 14 de mayo pasado dos periodistas de la revista Don’t Panic fingieron ser representantes de la trasnacional de armas y guerra Lockheed Martin, grabando una entrevista donde solicitan a CI limpiar su imagen. CI no se inmutó y les ofreció varios servicios para ello, entre otros participar en su Consejo de Negocios y Sustentabilidad, donde ya integraron a Monsanto, Cargill, Chevron, Shell, Walmart y otras similares. (Vea la entrevista en www.dontpaniconline.com )

Según el gobierno de Chiapas, Conservación Internacional es un aliado estratégico, que le está facilitando el desarrollo de bases científicas, con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), La Universidad Autónoma de México (UNAM) y el Colegio de Posgraduados (COLPOS). CI es también su contrapartida para financiamientos internacionales y nacionales. Por si fuera poco, Conservación Internacional y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAVIHN) son quienes informan y brindan espacios de participación a la sociedad chiapanec. Ya vemos qué tipo de información.

Todos esos actores convergen en promover los programas REDD, una nueva cobertura para viejos saqueos, no solamente en Chiapas.

* Investigadora del grupo ETC