El presidente Juan Manuel Santos recibió de su antecesor y correligionario Álvaro Uribe lo que la ex senadora Piedad Córdoba llama una herencia de deudas y enemigos; un costal lleno de problemas: guerra exacerbada con los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructuras intactas de un narcotráfico poderoso y operativo, una estela inmensa de corrupción, una clase política permeada por las organizaciones paramilitares que en Colombia tienen uno de los peores registros del siglo XX en materia de derechos humanos en el continente y a la que llaman, pintorescamente, parapolítica.

Para la clase política tradicional de su país, esta antioqueña que encabeza diversas iniciativas de defensa de los derechos humanos es una voz incómoda. Para los conservadores es simplemente una enemiga; es Teodora Bolívar, supuesto alias en su presunto rol de asesora de las FARC, según versiones no verificadas. Este argumento valió, sin embargo, para que en septiembre del año pasado la Procuraduría General la destituyera de su escaño en el Senado y la inhabilitara por 18 años para ocupar cualquier cargo público. Pero ni este golpe –que aún tiene pendiente un recurso legal en la Corte Constitucional, que acaba de aceptar su expediente e inhabilitar las pruebas presentadas en su contra– ni la campaña de odio a la que se enfrenta han podido sacar a Córdoba del juego político actual.

Más aún, es un factor activo en la carta política más importante en la carrera del mandatario Santos, quien, en palabras de la propia ex senadora, puede llegar a ser el presidente de la paz. Lo que ninguno de sus antecesores –Virgilio Barco, Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana o Álvaro Uribe– consiguieron. Y es que en reiteradas declaraciones, Santos ha condicionado el inicio de un diálogo con la guerrilla en el momento en el que no quede ni un solo secuestrado en poder de las FARC. Y Piedad Córdoba es la única que tiene la llave para lograrlo.

En febrero de este año, Córdoba volvió a intervenir como mediadora y logró cinco nuevas liberaciones. Al culminar este operativo, aseguró: Estoy segura de que antes de mitad de año ya habremos entregado a todo el mundo. Aún quedan 17 rehenes, algunos de ellos con largos y dramáticos periodos de secuestro, de 12 y 13 años.

La ex senadora reconoce en entrevista que Santos ha actuado de buena fe. “Todos tenemos que ser muy imaginativos para lograrlo, sobre todo para mover las posiciones tan duras de las dos partes. Y para que después se dé un escenario de diálogo. Habrá que hacer un esfuerzo enorme –de la comunidad internacional y de todos los colombianos– para pensar en otro país y no estar viendo solamente por el espejo retrovisor. Si desperdiciamos esta oportunidad todos seremos culpables y las consecuencias a futuro serán peores que las que ya tenemos”.

–¿Cómo fue que se vinculó con el asunto del rescate de los secuestrados?

–Es una decisión ética. Para mí hacer política no es dar discursos; es que, a pesar de las circunstancias más adversas, una logre empujar un proceso que pueda culminar en la pacificación. Llevo mucho tiempo en esto; participé en procesos de liberación con el ELN, entre 1995 y 2002. Producto de esto me acusaron de ser de ese movimiento y en 1999 fui secuestrada por el líder paramilitar Carlos Castaño.

“Por todo lo que me ha tocado vivir es que estoy convencida de que se debe y se puede llevar a la guerrilla a una mesa de negociación con el gobierno y los militares, en la que se incluya el tema paramilitar, donde estemos nosotros como sociedad civil.

Creo que mientras esto no pase, mientras no encontremos una solución política y pacífica a la guerra, la sociedad colombiana no estará en la modernidad. Porque un país donde se mata todos los días, donde se masacra, donde se entiende al Estado como un patrimonio privado y no un bien público, es un país que tiene una sociedad muy desprovista de ética. Por eso yo le aposté absolutamente todo a esto.

–Lo hizo siendo senadora y lo sigue haciendo ahora, privada de sus derechos políticos. ¿No la debilita?

–Sinceramente, no me preocupa para nada si recupero mi puesto en el Senado. Yo tengo mis derechos políticos y civiles en la medida en que, como mujer política que soy, lucho. A través de la política es como se pueden dirimir los graves problemas de la nación. Este es el principal instrumento que tenemos para sacar al país del conflicto, no las armas. Hoy mismo en Colombia si algo te hace perder votos es trabajar por la paz. Y ese es mi caso.

La ex senadora colombiana Piedad Córdoba, durante la entrevista con La Jornada en la ciudad de MéxicoFoto Cristina Rodríguez

Un proceso que no tiene reversa

–¿Cree que en algún momento su destitución se va a revertir?

–Sí, creo que la Corte Constitucional va a revertir la decisión, pero no porque me esté ayudando sino porque fue anticonstitucional. Respondió a la voluntad de un hombre del poder (el procurador) que decidió que podía sacar del legislativo a una persona porque no le gusta, porque es de izquierda, porque es afrodescendiente, porque apoya el aborto, porque defiende a los homosexuales. En suma, porque tiene convicciones diferentes a las suyas.

–¿Qué perspectivas ve después de la liberación de todos los secuestrados?

–Ese apenas es el abreboca de un proceso que no tiene reversa. Creo que vamos a ver un paisaje diferente para buscar la manera de sentarse en la mesa de diálogo. El mismo presidente Santos lo ha dicho y yo confío en su palabra.

–¿Qué pasos deberá dar él?

–Primero, lo que ya hizo: reconocer que en Colombia hay un conflicto interno armado. A pesar de que la declaración de guerra sigue estando vigente, Santos se ha cuidado mucho de no hablar de terroristas o narcoterroristas, lo que prefigura un escenario de trabajo hacia una mesa de negociación con dos actores políticos, como son las FARC y el ELN.

“Hay que destacar que la ONU dio un fuerte respaldo a esta posición que nosotros valoramos mucho, porque implica la aplicación del derecho humanitario internacional. Y para la población es importantísimo porque representa tener unos mínimos éticos en la guerra.

“Lo otro es su discurso de la semana pasada ante los militares. Busca involucrarlos. Ellos necesariamente deben participar en el proceso y necesitan la posibilidad de una salida jurídica para que se pueda procesar la verdad y el país se pueda reconciliar. Hablar de esto en tiempos de Uribe era impensable.

En esta propuesta a los militares se recogen las experiencias que fueron útiles en El Salvador y Nicaragua. Son fuerzas beligerantes, que le sirvieron a la derecha, que obedecieron órdenes de arrasar y matar, que se aliaron con el paramilitarismo. En la medida en que no tengan la posibilidad de sentarse a una mesa de negociación, ellos van a ser obstáculos permanentes, van a dinamitar cualquier posibilidad de paz. Y no sólo en Colombia sino en la región, van a incentivar el paramilitarismo en Venezuela y Ecuador.

–¿Qué les corresponde hacer a las FARC? ¿Hay voluntad política en su dirigencia?

–La hay, pero es muy complicado mostrar estas posiciones en el fragor de la guerra. Ellos dicen: nos parece importante la posición del presidente y al mismo tiempo vuelan una estación de policía. Entonces le facilitan al gobierno los señalamientos y descalificaciones.

–Por el otro lado, hay una gran resistencia de muchos sectores para hablar de una negociación con quienes han sido calificados por años como narcoterroristas.

–En encuestas recientes –no las independientes, sino las del establecimiento– se demuestra que hay una mayoría notable en favor de la negociación política. La gente quiere eso. Otra cosa es que los medios reproduzcan todos los días una dinámica delirante en favor de la guerra.

“Pero yo creo que algo se ha roto en el control de las ideas que imperaba con Álvaro Uribe, en lo que llamaron el ‘embrujo autoritario’. La gente se ha dado cuenta de que su gobierno fue un régimen de bandoleros. Lo que para mí es contundente es que recientemente el presidente Santos dijo: “‘La política de seguridad democrática es un fracaso’”.

–¿Cómo entra el factor del paramilitarismo en esta ecuación?

–Hay algo que suele quedarse en el tintero: en Colombia hay un grupo de empresarios que le apuestan a la guerra y son alentados por la inversión extranjera. Los paramilitares no se pueden mirar aisladamente, ellos son operadores de un modelo de la muerte. No sólo se debe desmovilizar a los operadores sino a quienes los financian.

–¿Cómo imagina la mesa de diálogo?

–Lo primero es establecer el procedimiento, los plazos –no nos vamos a ir hasta el año 2500–, no hay que entrar sin objetivos y metas, porque creo que eso es lo que falló en San Vicente del Caguán. Otra condición, creo, es que no debemos sentarnos en medio del fuego. Esto no puede ser ni el Caguán ni los procesos anteriores. Hay muchas lecciones aprendidas que debemos aplicar. Lo más importante, todos tienen que prometer no levantarse de la mesa hasta llegar a un acuerdo, pase lo que pase.