Al prohibir la difusión de narcocorridos en centros nocturnos y restaurantes de Sinaloa, el gobierno de aquel estado censura una manifestación cultural que refleja el clima de violencia, pero no lo genera, y se concentra en un aspecto secundario que no tiene incidencia real en la comisión de asesinatos y otros crímenes.

Así lo advirtieron integrantes de organizaciones de derechos humanos, y lamentaron que el gobernador Mario López Valdés quiera combatir expresiones musicales, y no analizar las causas profundas que alimentan la pobreza y la marginación y, por ende, las filas del crimen organizado.

Cinthya Cárdenas, consultora legal de la asociación Artículo XIX, explicó que los argumentos del gobierno sinaloense para catalogar a los narcocorridos como apología del delito son insostenibles, ya que ese fenómeno solamente ocurre cuando se incita a la violencia de forma abierta, lo cual no es el caso del citado género musical.

Aunque la libertad de expresión puede tener diversas restricciones legítimas, la intención de prohibir este tipo de canciones no está de acuerdo con los parámetros internacionales en la materia, por lo que se trata de un acto de censura encubierta.

“Lo único que hacen los narcocorridos es narrar la realidad. Son una expresión artística que, efectivamente, no encuadra en varios estándares, pero no tiene nada que ver con la práctica reiterada de crímenes ni con su normalización”, estimó.

Mientras se dediquen a reflejar historias cotidianas y no hagan una incitación directa a la violencia, no es posible decir que estas canciones representan una apología del delito, enfatizó, y al prohibirlas el gobierno incurre en una violación a las garantías individuales de sus ciudadanos.

Por su parte, Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, señaló que los efectos de la medida en cuestión serán muy marginales, puesto que no son los corridos los que generan la violencia ni al crimen organizado.

Es una acción que no tendrá mayores efectos, y que en buena medida roza la censura. De nueva cuenta, los gobiernos evaden todo lo importante que tendrían que estar haciendo, como combatir el lavado de dinero, por ejemplo, aseveró.

Por otra parte, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  (Conapred), dijo que en México lo que se requiere son definiciones más claras de qué es lo que se pretende con el combate a la inseguridad pública, porque de lo contrario vamos a atacar síntomas que en realidad no son la raíz de la enfermedad, como prohibir la difusión de los narcocorridos.

En entrevista, destacó que el clima de violencia que enfrenta el país está más vinculado con el rechazo a la diversidad, pues si la sociedad no está cohesionada, si el tejido social se ve debilitado, los grupos sociales establecen diferencias y se estereotipan, hay rechazo e intolerancia, lo que deja un espacio fértil a la violencia.

Dijo que hay que tomar en cuenta cuál es el objetivo que busca el gobernador a partir de los temas de inseguridad que es un problema nacional.