El apoyo económico que otorgó recientemente el gobierno de Querétaro a la familia de la otomí Alberta Alcántara –quien junto a Teresa González pasó cuatro años presa acusada de secuestrar a agentes federales– no sustituye de ninguna manera la reparación del daño que ambas mujeres han solicitado, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Mediante un comunicado, el organismo señaló que una ayuda pecuniaria entregada por el gobierno de Querétaro a Gabriel Alcántara Juan, hermano de Alberta Alcántara y esposo de Teresa González, generó que diversos medios especularan que dicho beneficio podría sustituir a la reparación del daño que ambas mujeres demandan al gobierno.

No obstante, el Prodh aclaró que sus representadas seguirán insistiendo en que la Procuraduría General de la República reconozca plenamente su inocencia, tome medidas para evitar la repetición de hechos similares, y otorgue a las dos mujeres una reparación económica como símbolo de que admite de su equivocación.

“Nos parece sumamente relevante –señaló el colectivo de derechos humanos– destacar que los apoyos gubernamentales de ninguna manera pueden considerarse una reparación del daño. Los apoyos que generosamente entrega el gobierno de Querétaro deben ser considerados dentro de una política que beneficie a los pueblos indígenas del estado.

Instamos a que estas acciones no se centren únicamente en Alberta y Teresa, quienes han tenido una mayor notoriedad pública a raíz del caso que el Centro Prodh acompañó, sino que se extiendan a todas las comunidades indígenas queretanas, que continúan en situaciones de marginación económica y social, tal como sucede con los pueblos originarios del país, dijo.