La Secretaría de Gobernación (SG) manifestó su apoyo a la prohibición de los narcocorridos en Sinaloa, porque toda sociedad tiene derecho a poner reglas a fin de que el ejercicio de la libertad de expresión no atente contra el propio interés colectivo.

El monitoreo de Gobernación detalla que de 2001 a 2010, la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) ha impuesto 76 acciones legales (sanciones o extrañamientos) a concesionarios por la transmisión de narcocorridos, considerados como apología de la violencia o del crimen.

La transmisión de estas canciones, subgénero de la música norteña, está prohibida por la Ley Federal de Radio y Televisión, cuyo artículo 63 señala:

Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.

Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la SG, dijo que el decreto de Sinaloa (el cual prohíbe la difusión de estas canciones en establecimientos públicos como bares o cantinas), plantea un análisis de los alcances de la libertad de expresión.

Nadie ha dicho que al prohibir su difusión, se termine la violencia; sin embargo, coincidimos en que se requieren normas mínimas precisamente ante esta situación que vive el país. No se puede estar de acuerdo, agregó, con quienes tratan de enaltecer letras que dicen “con cuernos de chivo nos gusta matar y degollar”, dijo en entrevista.

Comentó que le extraña que existan críticas hacia las medidas tomadas en Sinaloa porque en otros países, como en Alemania, hay preceptos, como la prohibición de símbolos alusivos al periodo nazi, en los que todos están de acuerdo por una simple lógica de rechazo a lo que ha causado tanto daño a una nación.

Del conjunto de extrañamientos, observaciones y sanciones, cinco fueron contra televisoras y el resto contra radiodifusoras.

En 2001, hubo dos acciones legales; al año siguiente 26; 2003 y 2004 registran tres, cada año, y 2005, una. Al cierre del sexenio foxista, en 2006, se reportan 11. Ya en la administración calderonista, en 2007 hubo cuatro; al año siguiente, 10; en 2009, 12, y en 2010, cuatro. Prácticamente la mitad corresponden a extrañamientos y sanciones; el segundo ocurre cuando hay reincidencia.

El gobierno federal replicó así la estrategia del mandatario sinaloense, quien se propone, según sus declaraciones, promover entre sus homólogos estas restricciones al narcocorrido, subgénero con auge en el norte de México y sur de Estados Unidos, aunque también ya se identifica al colombiano que habla, además, de la guerrilla, paramilitares, secuestro y corrupción.

Hace unos días, en su cuenta de Twitter, el secretario técnico del consejo de seguridad nacional, Alejandro Poiré, escribió: “Narcocorridos son apología del delito y promueven salidas falsas. Hay que enfrentarlos con cultura de la legalidad. Bien por Malova (gobernador de Sinaloa)”.

Sin embargo, analistas consideran que esta medida no es sustancial porque el narcocorrido es un asunto cultural tan antiguo como este fenómeno; las canciones son historias que incluyen y describen conceptos como: vida, muerte, valor, riesgo, pobreza, riqueza, amistad, mujeres, vehículos, camionetas, armas, etcétera.

Villarreal recientemente declaró, en entrevista con este diario, que era incongruente que las televisoras firmaron un acuerdo para la cobertura de la información de la violencia, supuestamente para evitar hacer apología del delito y, de manera simultánea, colocaran en sus canales de televisión abierta programas en ese sentido, como la telenovela como La reina del sur, historia de una narcotraficante mexicana.

Dijo que su reflexión era respecto de los criterios éticos en la programación y que en el caso de la transmisión de los narcocorridos se trata de materiales cuya difusión en radio y en televisión se prohíbe en la ley, en un precepto –aprobado desde los años 60– que no ha variado.

El decreto (del gobernador de Sinaloa) está dentro de sus atribuciones. La sociedad, entendida como ciudadanos y gobiernos, debe fijar reglas mínimas para proteger el interés de la propia sociedad, señaló.

Portada de un disco compacto de narcocorridos, el viernes pasado, en una tienda de Culiacán, Sinaloa Rashide Frías /cuartoscuro.com