El Seguro Popular carece de mecanismos para garantizar a los afiliados que tendrán el servicio y los medicamentos que requieran. Lo más evidente es el desabasto de medicinas, pues a pesar de que existe el dinero suficiente –30 por ciento del presupuesto se debe usar para este fin– el nivel de surtimiento de recetas es de apenas 70 por ciento.

Salomón Chertorivski, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), explicó que además de que las entidades no se sujetan a los precios máximos determinados por la Secretaría de Salud (Ssa), incluyen entre sus gastos los relativos a la distribución y dispensación de los fármacos, y con frecuencia omiten hacer el desglose de los montos involucrados en cada concepto.

En entrevista, el funcionario reconoció que pueden existir diferentes necesidades entre los estados de la República, de acuerdo, por ejemplo, con su nivel de desarrollo. Sin embargo, esa información tampoco está disponible, lo mismo que los parámetros regionales o los tipos de contrato que cada gobierno local firma con la industria farmacéutica.

Aunque el problema del desabasto también es frecuente en el resto de las instituciones del sector salud, principalmente las de seguridad social, Chertorivski admitió que otro aspecto a considerar para el Seguro Popular es el sistema de comprobación del gasto. Si bien las entidades están obligadas a informar a la CNPSS las inversiones que realizarán para adquirir medicinas, los datos difieren cuando se presentan las comprobaciones de dichos recursos devengados. Y es que, además, éstas llegan en el transcurso de los tres años siguientes al ejercicio del recurso.

Actualmente, la CNPSS apenas está por terminar la comprobación de gastos de los años 2007 a 2009, mientras que la de 2010 lleva un avance de 70 por ciento. Informó que a partir de 2011 la comisión rechazará comprobaciones de gastos que hayan rebasado el precio de referencia de medicinas autorizado por la Ssa.

Además, comentó que la comisión está buscando la manera de alinear los procesos de información y comprobación, a fin de terminar con las inconsistencias. Junto con esto, explora diferentes alternativas para garantizar un nivel óptimo de surtimiento de recetas.

Una buena parte de la problemática general que enfrenta la operación del Seguro Popular se origina en la descentralización de los servicios de salud, que otorga a los gobiernos estatales la autonomía en sus acciones, es decir, no están obligados a informar sobre el uso que dan al dinero que reciben, salvo los que llegan como etiquetados o cuentan con reglas de operación que deben cumplir.

Otra situación es que los estados reciben recursos de diversas fuentes. Por eso, explicó Chertorivski, se dice que el Seguro Popular vale 123 mil millones de pesos en 2011. De este monto, 67 mil millones son aportados por la federación a través de la CNPSS, Oportunidades y el Seguro Médico para una Nueva Generación.

Otros 20 mil millones corresponden a la aportación solidaria estatal y el resto llega a las entidades vía los ramos 12 (administración) y 33 (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud).

Al final todo se alinea porque se suman todas las aportaciones y es lo que se pone a nombre del afiliado. Los estados tienen la facultad de reunir todo el dinero y utilizarlo como lo necesiten.

En ocasiones ocurre que para adquirir medicinas, algunas entidades juntan recursos de diferentes fuentes para hacer compras por volumen y así consiguen mejores precios, aunque administrativamente se complica la realización de los informes y las comprobaciones, indicó.

Sin embargo, lo fundamental es identificar las acciones que se deben tomar para que con dinero suficiente se logren niveles óptimos de abasto. Chertorivski reconoció que pese a que en las próximas semanas se dará a conocer la ruta a seguir para corregir lo que no funciona bien, en este tema vamos a marchas forzadas.