lba Esther Gordillo pretende evaluar a todos los maestros del país, la Procuraduría General de la República quiere evaluar a todos los policías, jefes de policía y procuradores de justicia del país. ¿Quién garantiza que las evaluaciones, las que ya se están haciendo y las del futuro, sean imparciales y justas? Ni las de los maestros en manos del sindicato de la maestra
, ni las del gobierno federal a través de sus mandos centralizados lo estarían.
Las evaluaciones las hacen los superiores a los inferiores en las estructuras verticales; las autoridades federales no son quienes mandan a las estatales, ni éstas a las municipales. En nuestro sistema federal, los procuradores de las entidades federativas no son, aun cuando algunos así se sientan, subordinados de la procuradora general de la República, menos del secretario de Seguridad Pública, ni tampoco del secretario de la Defensa Nacional.
Cada autoridad tiene su ámbito de competencia y la ley no puede ser sustituida por acuerdos y convenios entre funcionarios. Los poderes federales y estatales deben estar coordinados y colaborar, pero de ningún modo puede haber sumisión o sometimiento.
Los maestros del país conocen los métodos de control del sindicato, todo se usa para disciplinar al gremio de profesores, lo mismo amenazas, que a veces se cumplen, que recompensas, que a veces también se otorgan. Quien no esté incondicionalmente con el sindicato de la maestra
no tendrá oportunidad de ascenso ni acceso a becas o a cursos especiales, ni a reconocimientos, ni a viajes y todo esto sucede desde antes de que la dirigente tenga en sus manos la herramienta de la evaluación que busca. ¿Cómo serán las cosas si Felipe Calderón accede al nuevo capricho que pretende arrancársele y le entrega el Órgano Autónomo de Evaluación Magisterial a la dispensadora de Hummers?
Ni en el magisterio ni en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia puede permitirse un centralismo autoritario que desnaturalice las instituciones. En materia educativa, cada director de plantel, cada comunidad escolar, los padres y los alumnos son quienes deben evaluar y alentar a los maestros y no un sistema burocrático, falto de ética, férreo y al servicio de un poder incontrastable.
Los gobernadores son responsables de sus procuradores y de sus jefes de policía; del Poder Ejecutivo depende la gobernabilidad de un estado o de todo el país; si los titulares de los poderes ejecutivos no pueden designar a sus funcionarios de procuración de justicia y de policía preventiva, y otros poderes o fuerzas se los nombran o se los aprueban directamente o a partir de ternas o elecciones indirectas y si desde lejanas oficinas los evalúan, califican, aprueban o desaprueban, ¿qué mando le queda al gobernador o al presidente? y ¿quién les podrá exigir que su equipo cumpla, si simplemente ya no será su equipo?
Recuerdo un incidente en una conferencia de procuradores, hace algunos años (yo lo era del Distrito Federal): el procurador de Fox, licenciado Rafael Macedo de la Concha, pretendió hacer a los procuradores asistentes la prueba antidoping; la propuesta, presentada a trasmano por un incondicional, provocó en la reunión un silencio incómodo; pasados unos segundos, pedí la palabra y dije que el procurador de la República no era nuestro superior, sólo el coordinador de las reuniones y que, de pasar por la prueba, la noticia al día siguiente no sería sobre los acuerdos tomados por la conferencia, ni sobre los temas tratados: la nota sería el examen que el abogado de la nación hiciera a los abogados de las entidades federativas. El general, creo que molesto, retiró la propuesta y mis compañeros respiraron tranquilos, no por temor a que resultaran positivas las pruebas, estoy seguro, sino por el significado de subordinación que conllevaba.
Quienes quieren centralizar todavía más el poder y borrar los rasgos del sistema federal que define la Constitución han encontrado un camino tortuoso pero eficaz para controlar, a través de las evaluaciones y calificaciones o descalificaciones, a otros poderes y otras soberanías. En muchas entidades, entre ellas el Distrito Federal, que cuenta con el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, de larga trayectoria, ciertamente no se requiere de evaluadores externos para sus policías y agentes del Ministerio Público.
A fin de cuentas, ¿quién evalúa a los evaluadores federales? ¿Quién garantiza que ese complicado sistema, frecuentemente contrario a la dignidad de los examinados, dé buenos resultados? Dicen, para apremiar a otras entidades, que Nuevo León ya completó la evaluación de sus altos mandos al ciento por ciento; sin embargo, en el estado norteño no disminuye, más bien aumenta, la violencia y se incrementan los crímenes. Lo mismo podemos decir de otros estados, como Tamaulipas, donde la mayoría de los mandos pasaron la evaluación, pero la violencia y la inseguridad no cejan.
Mejor cumplimos con la Constitución, dejamos a un lado proyectos y programas, más para la foto y para el control político que para la eficacia, y respetamos el sistema federal.
Que cada quien cumpla con sus obligaciones y todos se coordinen sin subordinarse.
