La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) advirtió que se ha generalizado la práctica de que las empresas lleven a cabo una doble contabilidad para no pagar utilidades a los trabajadores, en tal medida que en promedio sólo tres de cada 10 empleados reciben esta prestación; incluso las compañías cometen fraude, se acogen a jurisprudencias para modificar la base del cálculo de esta prestación o de plano no declaran ante Hacienda.

Por ello, este derecho se ha minimizado y distorsionado; en gran parte de los casos la parte proporcional de utilidades se sustituye con un pago único por un bajo monto, que se negocia con las empresas, reconocieron, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM).

Datos de la Secretaría del Trabajo indican que en promedio 12 por ciento de las demandas que se presentan ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) son por incumplimiento en el reparto de utilidades.

La información de la dependencia puntualiza que los motivos de conflicto más recurrentes por los que los trabajadores presentaron demandas en el año reciente fueron: diferencias en sus aportaciones a fondos de retiro, 36 por ciento; despidos injustificados, 14 por ciento; incumplimiento en las prestaciones de ley 13.4, no pago de utilidades, 12 por ciento.

Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la ANAD, explicó que las grandes empresas privadas encontraron una fórmula fiscal para no declarar utilidades, que es tolerada por la Secretaría de Hacienda, y además hay una ausencia de la autoridad laboral en la vigilancia del cumplimiento de este derecho, por lo que las empresas cometen doble fraude: al fisco y a los trabajadores. Agregó que este derecho entró en etapa de desuso y está cambiando por un pago único y simbólico, dejando de ser un mecanismo para compartir una parte de la riqueza que genera una compañía.

El catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Puebla Huberto Juárez detalla en un informe sobre este tema que una parte considerable de las empresas se acogen a una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, la cual modifica la base del cálculo para este pago y les permite escoger entre pagar según la utilidad fiscal o la renta gravable, lo que en términos reales significa una autorización para pagar 60 por ciento menos a los trabajadores de lo que les corresponde.

Juárez planteó que sólo 20 por ciento de los trabajadores en México recibe completo su reparto de utilidades, otro 20 lo recibe disminuido y el restante nada, pues este derecho ya se les conculcó.

En la década reciente, el número de empresas –cuyos sindicatos pertenecen al Congreso del Trabajo– que pagaron utilidades cayó a 15 por ciento, expuso, y dijo que son múltiples los factores por los que está prácticamente desapareciendo este beneficio, entre las que se encuentran: una política laxa de la Secretaría de Hacienda en este tema; influencia política y económica de algunas grandes compañías para incluso no pagar impuestos o al menos no los que les corresponden; que millones de trabajadores se encuentran en la economía informal, cooptados por el outsourcing o cobran por honorarios; además de que pequeñas y medianas compañías están en crisis, expuso.