ramática, aunque en extremo limitada, la reciente denuncia pública del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, sobre la terrible realidad que viven los niños migrantes en el país, nacionales y extranjeros, quienes cuando tienen suerte sólo son víctimas de una de las bandas del crimen organizado (el Instituto Nacional de Migración). En 2010, relató el ombudsman, 14 mil mexicanos menores de edad fueron repatriados desde Estados Unidos sin compañía de un adulto, a la vez que desde México 3 mil menores que viajaban solos fueron devueltos a sus naciones de origen.

Hambre, explotación, humillación, ataques sexuales y, en fin, la permanente violación de sus derechos humanos es algo cotidiano para muchísimos menores de edad en México y el resto de América Latina, producto de un modelo económico depredador al que lo menos que le interesa es el bienestar de la población, la infantil en lugar destacado. Plascencia advirtió que el Estado mexicano tiene un papel fundamental en la tarea de garantizar y proteger los derechos de los niños que se encuentran en el país, independientemente de su nacionalidad. Las niñas, niños y adolescentes migrantes son los más vulnerables a la violación de sus derechos; están expuestos no sólo a ser víctimas de delitos como la trata de personas y el secuestro, sino también a actos de discriminación, maltrato y segregación (La Jornada, Víctor Ballinas).

Pues bien, si el papel destacado relatado por el ombudsman es en referencia al putrefacto Instituto Mexicano de Migración, entonces su aseveración es correcta, pero no su interpretación, porque en eso de asaltar, humillar, extorsionar, privar de su libertad y en ocasiones hasta de su vida a los migrantes, nacionales y extranjeros, el INM se ha convertido en un especialista, ante la mirada complaciente de lo que todavía algunos llaman autoridad. Cruda exposición la de Plascencia, pero limitada, toda vez que siendo México uno de los principales corredores migratorios del mundo el número de casos citado es en extremo corto.

En un balance mucho más amplio, la Cepal ofrece mayores herramientas para entender el problema: alrededor de 6 millones de personas han emigrado dentro de América Latina y unos 25 millones (mexicanos la mitad de ellos) lo han hecho desde la región hacia Estados Unidos y Europa. No se conoce con exactitud el número de niños migrantes, pero estimaciones recientes indican que una de cada cinco personas que emigran sería un niño, niña o un adolescente (la cifra de niñas supera levemente a la de varones), aunque la estadística no incluye a los muchos niños que han sido dejados detrás por padres migrantes (uno o ambos), o a los niños que nacen de padres migrantes, hayan obtenido los padres la nacionalidad del país de destino o no.

Millones de niños latinoamericanos afrontan graves restricciones en el ejercicio de sus derechos humanos, debido a su situación migratoria o a la de sus padres. De manera cada vez más frecuente, algunos de los riesgos y abusos que los emigrantes pueden sufrir son el endurecimiento de las políticas migratorias, la xenofobia, la discriminación y el tráfico de personas. “Anualmente, grandes cantidades de niños, niñas y adolescentes emigran solos con la esperanza de reunirse con sus padres o para escapar de la violencia y la explotación. La falta de oportunidades en sus propios países, en cuanto al acceso a la educación y la calidad de vida, además del aumento de situaciones de inseguridad y violencia a las que se ven expuestos en áreas urbanas pobres, están llevando a que cada vez más adolescentes emigren (por lo general, solos y por vías irregulares). Sin una protección social o legal, y sin ser conscientes de sus derechos como emigrantes cuando viajan a través de diferentes países, son especialmente vulnerables al caer víctimas de cargas de trabajo pesadas, tráfico de personas con propósitos laborales o sexuales, y abuso físico y sexual. También se ven expuestos a situaciones humillantes que les dejan profundas cicatrices emocionales. En particular, las adolescentes muchas veces sufren abusos y violencia durante su viaje, especialmente en los puestos fronterizos de control.

Existe una falta de normas, reglamentaciones y políticas públicas que estén dirigidas a proteger a los menores migrantes, especialmente en el contexto de la migración indocumentada. Las prácticas y políticas que tienen como objetivo regular las corrientes migratorias en términos de entrada, residencia y expulsión, han derivado en la violación de los derechos humanos de los menores que están en tránsito. En la mayoría de los países de América Latina no hay leyes migratorias que aborden explícitamente el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los menores migrantes, pero sí existen aquellas que los persiguen.

Las rebanadas del pastel

Una más de cómo el gobierno federal está rompiendo el círculo vicioso de egresados sin empleo (Calderón dixit): “el desempleo es igual de crítico entre los recién egresados y los que llevamos un buen tiempo de vida laboral. Soy médico cirujano de la UNAM, especialista en medicina del trabajo, certificado en medicina del trabajo, certificado como profesional B en administración de riesgos. Laboré en los sectores público y privado; en éste último ocupé un puesto gerencial en la industria químico-farmacéutica por más de 15 años. Lamentablemente se terminó la relación laboral (por no decir que fui despedido) hace cuatro meses y empezó el viacrucis. Cuatro meses en los que he acudido a entrevistas, enviado currículos, y qué sucede. ‘Argumentos’ de los reclutadores: 1: que tengo 49 años, factor en contra tanto en el sector público como en el privado; 2: que por mi experiencia soy un profesional altamente calificado y por lo tanto no cubro el perfil requerido de uno o dos años de experiencia; 3: que impartir diplomados en la UNAM es un factor en contra del perfil requerido; 4: que mis pretensiones económicas son sumamente elevadas para el perfil y puesto requeridos; 5: que como únicamente tengo un dependiente económico (mi esposa), no tengo motivos suficientes para buscar y sostenerme en un empleo; 6: que prácticamente 99 por ciento de las opciones laborales para las que me han entrevistado, todas son por outsourcing u honorarios, sin ninguna prestación social, y 7: el más difícil y cruel de todos, los salarios que ofrecen. La semana anterior en una entrevista me ofrecieron como salario (por honorarios) lo que gané alguna vez ¡hace más de 20 años!” (Sergio Lara Pérez, [email protected]).

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