Los generales y almirantes que pasan a retiro no reciben protecciones especiales ni tienen escoltas, sin importar si antes de jubilarse cumplieron tareas de combate al narcotráfico, labores de inteligencia o si ocuparon altos cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o en la Secretaría de Marina (Semar).

Fuentes castrenses confirmaron lo anterior y señalaron que sólo cuando un militar de alto rango pasa a retiro y considera que su seguridad personal está en riesgo, es cuando se dirige al comandante de la zona o región militar en que vive para solicitarle protección.

Entrevistados a partir del reciente asesinato del general de división Jorge Juárez Loera –el pasado fin de semana en Naucalpan, estado de México–, quien tenía unos días de haber pasado a retiro, los militares explicaron que la inmensa mayoría de los altos mandos que se jubilan quedan sin escolta.

Sin querer aventurar las razones del homicidio de Juárez Loera, ya que unos dicen que fue una venganza y otros que le dispararon por un accidente de tránsito, los funcionarios señalaron que deben investigarse los hechos para que no haya dudas sobre la causa de la agresión, porque sería sumamente grave que se trata de un ajusticiamiento por el desempeño que tuvo en contra del crimen organizado, cuanto estuvo al frente del Operativo Conjunto Chihuahua o por su desempeño como comandante castrense.

Los entrevistados recordaron que hace un año, el 19 de mayo de 2010, otro general retirado, Mario Arturo Acosta Chaparro, fue objeto de un atentado contra su vida, cuando recibió un tiro en el tórax luego de un presunto intento de asalto en la colonia Roma, en el Distrito Federal.

El militar fue acusado ante la justicia castrense por presuntos nexos con el narcotráfico y por la desaparición y asesinato de campesinos en Guerrero durante la llamada guerra sucia de los años setentas del siglo pasado.

Después de haber sido liberado de esos cargos, Acosta Chaparro pasó al retiro con todos los honores y al poco tiempo fue baleado.

Hasta la fecha se desconocen oficialmente los motivos del ataque y no hay detenidos.

Los informantes comentaron que en el caso del general Juárez Loera, las investigaciones se desarrollan para determinar si el incidente vial que lo obligó a bajar de su vehículo, para luego ser asesinado, fue intencional, y desde ahí continuar las indagaciones.

En caso de que exista la certeza de que fue un ataque directo, comentaron los informantes, tanto el Ejército como la Armada tendrían que implementar un mecanismo para salvaguardar la seguridad de aquellos altos mandos que hayan participado en acciones directas en contra del narcotráfico y del crimen organizado.