Hoy se cumplen cuatro años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Para la Secretaría de Gobernación (SG) las recomendaciones giradas por organismos defensores de derechos humanos están saldadas en lo que toca al gobierno federal. Sin embargo, nada se sabe hasta ahora del paradero de los eperristas, pese al insistente reclamo de su presentación.

El grupo guerrillero ha señalado que sus compañeros (un ex dirigente estudiantil y un abarrotero en Nezahualcóyotl) fueron objeto de una agresión despiadada hasta fracturarlos, en la que –afirman– participaron o tuvieron conocimiento agentes y mandos de las policías de Oaxaca y de la federal.

El 21 de febrero pasado, la SG afirmó que cumplió con la recomendación 07/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La autoridad da por concluida la responsabilidad sólo por avanzar sustancialmente en las solicitudes planteadas y por la voluntad de esclarecer el caso de las personas reclamadas y castigar a los responsables.

Un mes después, un equipo de la Organización de las Naciones Unidas incluyó en su indagatoria el caso de los eperristas, mientras que este grupo armado pidió a la comisión de mediación –creada en 2008 a solicitud del propio EPR– entregar los documentos disponibles a los enviados del Grupo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Lo cierto es que a cuatro años de la desaparición de los eperristas, tras un operativo policial en Oaxaca, se desconoce el paradero de los mismos.

Cruz Sánchez fue considerado por los servicios de inteligencia gubernamentales como sucesor de Tiburcio Cruz Sánchez, fundador del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario.

Organismos internacionales tienen especial interés pues según las indagatorias iniciales es un probable caso de desaparición forzada.