La junta de buen gobierno zapatista (JBG) El camino del futuro, correspondiente al caracol de La Garrucha, Chiapas, alertó de un nuevo intento de despojo en las inmediaciones del sitio arqueológico de Toniná, contra un propietario que es base de apoyo del EZLN. El predio, denominado San Antonio Toniná, pertenece legal y legítimamente a Alfonso Cruz Espinosa, del municipio autónomo Francisco Gómez. Los zapatistas acusan al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al gobierno estatal de incumplir un acuerdo firmado hace más de dos años.

En febrero del presente año, Cruz Espinosa fue demandado ante el juez de distrito en Ocosingo. Ahora, el magistrado está amenazando con desalojar al compañero y (agentes de) la Seguridad Pública se meten en el potrero sin respetar, poniendo sellos del INAH. La JBG manifiesta que esa tierra ya es del EZLN, no del mal gobierno.

La JBG recuerda que el 11 de febrero de 2009, representantes del INAH, el gobierno estatal y autoridades municipales firmaron un acta de entrega-recepción de San Antonio Toniná a su dueño legítimo, luego de un conflicto suscitado en abril de 2008, cuando Cruz Espinosa hizo un jagüey en su propiedad –para que beban agua sus animalitos– y el INAH intentó despojarlo, encarcelarlo y cobrarle una multa por, presuntamente, dañar terrenos de la zona aqueológica. Tras la intervención del consejo municipal autónomo y la JBG, el delegado del INAH, la secretaria de Gobierno de Chiapas, junto con diversos funcionarios, firmaron el acuerdo mencionado, con lo cual el problema quedaba aparentemente solucionado.

Ahora, intentan aprovecharse de familiares de Cruz Espinosa, quienes, con la asesoría del mal gobierno, quieren obtener las tierras para negociarlas con el mismo mal gobierno, según señala la junta zapatista. Ésta declara que la propiedad fue recuperada mediante su intervención, y al fin se le entregó al compañero, legalmente y por derecho, y existen documentos que avalan que la tierra le pertenece.

La nueva persecución contra el propietario se inició en febrero de este año, con lo que la JBG califica de mañosadas del INAH y el gobierno estatal. Para respaldar su argumentación, la denuncia zapatista viene acompañada de una copia facsimilar del acuerdo firmado. Allí se especifica que las tierras colindantes al campamento del INAH son propiedad también de Alfonso Cruz Espinosa, el cual puede disponer (de ellas) sin contravenir las normas y lineamientos del instituto, el cual asimismo deberá respetar los derechos del propietario, facilitar la reinstalación de energía eléctrica y el suministro de agua en el predio.

Las autoridades autónomas declaran: ya los del EZLN estamos hasta la madre de las amenazas. Y añaden: que lo sepa el mal gobierno (de) Felipe Calderón que estas tierras recuperadas son del EZLN y son para sus bases de apoyo. La tierra no se renta, no se compra y no se vende; la vamos a defender y no permitiremos que se siga hostigando a las bases de apoyo.

Responsabilizan directamente a los tres niveles del gobierno de cualquier acción que atente contra la integridad física del compañero y su familia.