El proceso de depuración del Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá qué desahogar cientos de expedientes de empleados de este organismo señalados como presuntos responsables de irregularidades administrativas, quienes pueden contrademandar y obtener un veredicto que los proteja de cualquier cambio de adscripción e incluso del despido.

Hasta el último corte disponible de la Secretaría de Gobernación, estos señalamientos de presuntas irregularidades se refieren a procesos dilatados, muchos de ellos originados en febrero de 2008.

Las principales acusaciones contra el personal del INM (adicional a los eventuales procesos penales en que han derivado 40 casos), se relacionan con recibir dinero en puntos de internación, especialmente aeropuertos, y simular la conclusión de trámites.

Otras querellas frecuentes son por otras faltas menores (tener un altercado con un compañero de trabajo, por ejemplo) o supuestamente abandonar el puesto de adscripción.

El panorama anterior significaría un bloqueo administrativo en el plan anticorrupción del INM que incluye relevar a por lo menos a 350 elementos y, enseguida, iniciar un proceso de rotación de la mayoría del personal. Todo lo anterior se da en el contexto de una nueva Ley de Migración que entró en vigor ayer.

En la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación hay un recuento de información clasificada como reservada, con los nombres de cada uno de los empleados acusados. La mayoría está en análisis y trámite, dentro de procesos jurídicos que se librarán en el terreno laboral.

Por ejemplo, en la delegación de Tamaulipas se reportan 87 demandas en el periodo 2006-2011, que involucran a 180 personas.

En el sur, hay acusaciones contra agentes migratorios por dejar pasar indocumentados, aunque al momento de las diligencias, si los extranjeros no pueden reconocerlos (les muestran todo el directorio de imágenes del personal del INM) son absueltos y solicitan su reincorporación al empleo.

O bien, señalaron fuentes consultadas por este diario, si procede la demanda respectiva ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y éste falla en su favor, corren la misma suerte porque no se acreditan las acusaciones, como el eventual abandono de empleo, y se ordena su reinstalación, con el consecuente pago de salarios caídos y prestaciones. Con un veredicto de esa naturaleza difícilmente se le puede remover o modificar aquello que indican las condiciones generales de trabajo de Gobernación.

De igual forma –agregaron las fuentes– podría haber amparos para que cierto personal (los que no realizan tareas policiales) no les apliquen controles de confianza, igualmente por lo que marcan las normas laborales internas de esta dependencia.