Las detenciones-desapariciones forzadas en México continúan vigentes y los gobiernos federal y locales no asumen su responsabilidad para solucionar dicha problemática, reconocida a escala internacional como delitos de lesa humanidad, señalaron familiares de desaparecidos políticos.

A cuatro años de la desaparición forzada en Oaxaca de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (25 de mayo de 2007), integrantes del Ejército Popular Revolucionario, miembros de varias organizaciones realizaron una serie de actividades para señalar la vigencia de ese y otros casos. A lo largo de la semana participaron en la jornada internacional contra este delito.

Ayer tuvieron una reunión de trabajo en la sede de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), donde se analizó el tema, se hizo un balance de las actividades de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada –que inició en agosto de 2010– y se plantearon acciones para contrarrestar ese delito.

Activistas de Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Guerrero y Distrito Federal discutieron ayer sobre acciones futuras y la incorporación de nuevos cuadros a su lucha.

Nadine Reyes Maldonado, hija de uno de los eperristas desaparecidos, aseveró que pese a las demandas y esfuerzos de las familias por recuperar con vida a sus parientes, a cuatro años las autoridades no tienen voluntad para esclarecer los hechos.

Lamentablemente no hay ningún avance. El gobierno de Oaxaca recientemente aceptó la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso; el gobernador Gabino Cué se dijo dispuesto a esclarecer este crimen; sin embargo, nosotros aún estamos a la expectativa. Sabemos que tiene poco tiempo en el cargo, pero esperamos que esa voluntad se traduzca en hechos, señaló Reyes.

Sobre la actuación del gobierno federal, indicó que éste dio por concluida la recomendación de la CNDH al enviarle un informe en el que sólo hay oficios. Recordó que las dependencias federales encargadas de investigar el caso continúan atoradas con el argumento de que los familiares de los dos miembros del EPR no quieren realizarse pruebas de ADN para confrontarlas con dos cuerpos que presuntamente podrían ser los de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

Alegan que no queremos la coadyuvancia, pero les hemos dicho que nos negamos a esas pruebas porque en estos cuatro años no nos han permitido el acceso a la averiguación. Además no nos dan ninguna explicación de por qué piensan que los cuerpos hallados sean de nuestros familiares.

Por su parte, Janahoy Paredes Lachino, hija de Francisco Paredes Ruiz –activista de la Fundación Diego Lucero desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Michoacán–, denunció haber sido víctima de la misma falta de voluntad para hallar a su padre.

“Las autoridades estatales y federales aseguran desconocer el paradero de mi papá, aunque sabemos que ellos saben dónde está, y el caso está totalmente detenido, no quieren ya buscar. Tenemos la sospecha de que fue levantado por agentes federales, pues horas antes de su desaparición le comentó a mi tío (por teléfono) que la Policía Federal lo venía siguiendo en la carretera. Eso fue lo último que supimos de él.”

Las actividades de esta semana culminarán este lunes con una marcha del Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación –acciones similares se realizarán en ocho entidades del país– para alzar su voz una vez más, exigir justicia y la presentación de todos los detenidos-desaparecidos que desde hace décadas hay en el país.