n su avidez por castigar a los trabajadores indocumentados, el estado de Arizona insiste en promulgar leyes migratorias que de acuerdo con la Constitución corresponde hacerlo exclusivamente al gobierno federal. En esta ocasión emitió una ley que obliga a los empleadores a verificar la situación migratoria de sus trabajadores. La ley fue impugnada por diversas organizaciones de derechos humanos y la Cámara de Comercio, extraños compañeros de viaje si se toma en consideración la diferencia de sus principios, pero las autoridades de Arizona apelaron ante el máximo tribunal de la nación que, a final de cuentas, dio la razón a ese estado.

Con este precedente, a partir de ahora los estados podrán realizar funciones que corresponden exclusivamente al gobierno federal.

La consecuencia inmediata de esta decisión será que, por lo menos ocho estados en los que se han aprobado leyes en contra de quienes carecen de documentos migratorios, muy probablemente apelarán a las órdenes para que se suspenda la aplicación de esos ordenamientos dictadas por jueces federales.

Por lo pronto, la gobernadora de Arizona, alentada por la sentencia, ha dicho que también apelará a la Suprema Corte para que se dé luz verde a la controvertida ley SB2010 que, entre otros absurdos, autoriza a la policía a verificar la situación migratoria de quienes a su juicio parezcan indocumentados.

No es ningún secreto que la Suprema Corte actualmente está constituida por magistrados que frecuentemente expresan en sus decisiones una clara ideología conservadora. La mayoría de las decisiones de cinco de sus miembros han favorecido a todo aquello que tenga que ver con la libre empresa y con las grandes corporaciones. Cabe preguntarse si en el abierto desagrado que algunos de los miembros de la Corte tienen por la intervención del gobierno en la regulación de la sociedad, en este caso particular del gobierno del presidente Obama, llegan incluso al extremo de oponerse a uno de sus aliados naturales, la Cámara de Comercio, cuyos integrantes más destacados son precisamente algunas de esas grandes corporaciones.

Con seguridad los magistrados de la Corte aún resienten la llamada de atención que el propio presidente hiciera durante su discurso sobre el estado de la nación por la extraordinaria decisión de esa corte de abrir las puertas a las grandes corporaciones para canalizar fondos a las campañas políticas, sin límite alguno.

Esta vez la decisión de cinco de sus integrantes, más que un celo por preservar el espíritu de la Constitución, pareciera estar dirigida a recordarle al presidente que en términos de poder ellos también lo son.

Nuevamente los indocumentados han quedado atrapados en medio del juego de poder de las dos fuerzas que se disputan el destino de la nación. Lo único claro es que la reforma migratoria se ve tan lejana como cercano se advierte el cúmulo de ordenamientos para hacerles la vida imposible en cada vez más estados.