Los procesos electorales en México se han modificado sustancialmente, y en la actualidad la interposición de quejas y otros recursos ha concentrado gran parte de las tareas de la autoridad en la materia. Así, por ejemplo, entre 2006 y 2009, el Instituto Federal Electoral (IFE) casi duplicó el número de sesiones de Consejo General –de 48 a 88– para atender los denominados procesos especiales sancionadores, a pesar de que en el primer caso se trataba de tres comicios (presidencial, senadores y diputados) y en 2009 sólo de diputados.

La consejera electoral Macarita Elizondo reconoce que este incremento drástico en la atención de quejas obedece a la reforma electoral de 2007-2008 para hacer frente a la polémica electoral en 2006; sin embargo, advierte que el legislador sólo reformó lo correspondiente a los procedimientos –funciones del IFE–, pero no modificó la estructura con que se deben atender dichas quejas, situación que debería revisar para dotar de mejores condiciones al organismo de cara al 2012 e inhibir la interposición de quejas partidistas sin fundamentos reales.

En efecto, la reforma electoral de 2007 favoreció que los partidos políticos optaran cada vez más por la interposición de recursos ante la autoridad electoral, utilizados incluso como estrategia de propaganda partidista o descalificatoria de los adversarios.

Un informe de la secretaría ejecutiva del IFE sobre el notorio incremento de esta práctica y sus consecuencias en las tareas del IFE advierte: (esto) llevó al proceso electoral más litigioso de la historia, con mil 76 quejas y denuncias. En tales condiciones, el carácter protector de derechos del procedimiento especial se distorsionó, porque la propia dinámica de la competencia electoral lo convirtió en otro instrumento de propaganda, sometiendo a la institución a una dinámica de saturación que provocó la celebración de 88 sesiones de Consejo General en tan sólo 48 semanas, casi el triple que en el proceso de 2006. Imaginar otras instancias para el desahogo del procedimiento especial es uno de los aspectos que deben ser revisados con mayor detalle.

En efecto, sostiene la consejera, hay quien dice que con esta hiperactividad en materia de quejas, la institución se dedique a organizar elecciones en el tiempo que le quede libre.

Elizondo enfatiza que los legisladores modificaron las funciones del IFE, que a lo largo de sucesivas reformas han crecido exponencialmente, pues tan sólo en las últimas se le otorgó la administración de los tiempos del Estado, se introdujeron los procedimientos especiales sancionadores y se posibilitó que al instituto no le sea oponible el secreto bancario.

Sin embargo, subraya que faltó el rediseño de la estructura del IFE para hacer frente a esas nuevas funciones que le fueron conferidas. Si bien no existe un riesgo de que en 2012 sea rebasado, pues tiene una estructura con experiencia, hay áreas, como la parte jurídica, donde habrá más carga de trabajo por la eventual promoción de importantes cantidades de procedimientos especiales sancionadores.

Por ello, el Congreso aún está a tiempo de dotarlo de mejores condiciones con cambios que revisen la estructura operativa del IFE, aunque sigamos siendo los mismos, pero bajo otro diseño institucional. Advierte que estos procedimientos generan carga de trabajo desde los consejos distritales hasta el Consejo General.

Otra modificación que pudiera ser aprobada en las cuatro semanas que le quedan al Congreso para modificar el marco legal electoral para 2012 es la regulación en la promoción de recursos. Tanto los procedimientos especiales sancionadores como los recursos de apelación han dejado de ser un medio extraordinario de control y se han convertido en un ordinario de quejas, cuyo resultado es que la autoridad se aboca más a sancionar cuestiones formales que de fondo.

Por ello pidió que se regule para evitar la frivolidad en el ejercicio de la acción o denuncia, que se pongan límites a la suplencia de la queja, se privilegie la reparación de violaciones de fondo sobre las de forma, se introduzcan medios alternativos para solucionar controversias y se eviten los reenvíos innecesarios que aletargan la justicia expedita y la definición de casos. Todo ello, dice, contribuiría a avanzar en cambios electorales de tercera generación.