A una semana de que se cumpla el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y 75 resultaron lesionados, padres de las víctimas, organizaciones civiles, juristas y activistas por la defensa de los derechos humanos realizaron en el Zócalo de la ciudad de México un juicio ciudadano al Estado mexicano. En el acto se recreó un juicio oral, en el que Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, quien fungió como juez, luego de escuchar las resoluciones del jurado y de los testigos de calidad, declaró responsabilidad de Estado a la Presidencia de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Álvarez Icaza declaró responsable al Poder Judicial de la Federación, en caso concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas e imponer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos, así como desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia.

Si la muerte de 49 niños y la lesión de 104 más no es suficiente para que la SCJN considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse ¿qué tendrá que pasar para que lo haga?

De igual forma, añadió, el Poder Legislativo es culpable por la omisión de legislar para proteger los derechos de niños y niñas, y en particular la Cámara de Diputados, por la falta de asignación presupuestaria para garantizar el ejercicio de los derechos de la primera infancia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también es culpable, sentenció Álvarez Icaza, por la negligencia y desatención a las víctimas, por no ejercer sus atribuciones para defenderlos y protegerlos, y por no exigir el cumplimiento de la recomendación que emitió sobre el caso de la guardería ABC 49/2009.

En su papel de juez, Álvarez Icaza condenó al Estado mexicano a modificar el esquema de subrogación de guarderías del IMSS por su clara contravención a los derechos humanos de los niños y niñas, así como de cualquier otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a la Constitución y los tratados internacionales.

Condenó también al Estado mexicano a acatar, atender e implementar de inmediato las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere a servicios de privatización, así como en lo relativo a la garantía de los derechos durante la primera infancia.

Álvarez Icaza destacó que es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, y de Daniel Karam, actual titular de ese instituto, con independencia de otro tipo de responsabilidades a las que haya lugar. Condenó a los funcionarios a presentar una auténtica disculpa pública a los niños, niñas, padres, madres, familiares y comunidad entera que se vieron afectados en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

Y también condenó a cada funcionario referido a 153 meses de trabajo comunitario, equivalente a 12 años con nueve meses. Esto es, un mes por cada niño o niña que perdió la vida o resultó lesionado, y por la gravedad de los hechos, quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación de los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años.

Mónica González Contró, abogada del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó: estamos aquí porque a casi dos años de la tragedia las autoridades no han podido dar respuesta al reclamo de justicia. Señaló que el Ejecutivo “es responsable en su doble calidad de jefe del Estado mexicano y jefe de los titulares del IMSS y de la PGR. La subrogación de las guarderías contraviene la obligación del Estado, privatizan el servicio.

El jurista Daniel Márquez, quien fungió como defensor, manifestó que no tenía la certeza de que se pueda enjuiciar al Estado mexicano por este hecho; sin embargo, sí hay responsabilidades de funcionarios públicos federales y del gobierno de Sonora. La subrogación de guarderías no tiene sustento constitucional y sólo 14 de mil 480 guarderías cumplen los requisitos legales.

El jurado estuvo integrado por 11 personas, entre ellos Elena Azaola, Lorenzo Córdova, Nasheli Ramírez, Édgar Cortez y Carlos Cruz.

Los testigos de calidad también fueron 11 personas, entre ellos: Sabina Berman, Javier Sicilia, Miguel Carbonell, Eduardo Gallo, Bruno Bichir y Pietro Ameglio.