La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), Jacqueline Peschard, recomendó a funcionarios públicos del gobierno de Felipe Calderón, evitar twittear a través de celulares que se les asignan para el desempeño de sus funciones y cuyo costo se cubre con cargo al erario.

En entrevista al término de la sesión plenaria de ese organismo, advirtió también que las agendas de actividades de los servidores públicos, tanto externa como interna (dentro de las instalaciones de la dependencia que encabezan), tienen carácter público y deben darse a conocer.

–A partir del uso de las redes sociales, vía Twitter, por varios funcionarios públicos, como los secretarios del Trabajo, Javier Lozano; de Educación Pública, Alonso Lujambio, y de Economía, Ernesto Cordero, ¿tendrían que twittear cuestiones del PAN en su celular oficial?

–El celular oficial, que es una prestación del gobierno, debe de ser utilizado para el desarrollo de las funciones (que tienen) específicamente asignadas. Es un teléfono que no debe ser utilizado para funciones adicionales, sino las que están claramente identificadas para el cargo. Esto quiere decir que para un partido, no debería de ser.

–¿Y para twittear en favor de un partido?

–Si el funcionario es de un partido y le escribe a un militante igual que él, habría que ver qué tipo de actividad es de la que están hablando. Si yo utilizo mi Twitter en mi teléfono para funciones que no son, no debe ser utilizado. Es cosa delicada, hay que verla caso por caso.

Peschard recordó que existen lineamientos de la Secretaría de la Función Pública en los cuales se establece que el uso de los celulares es sólo para actividades oficiales.

Respecto a los criterios establecidos para las agendas de trabajo de los funcionarios federales, dijo que su contenido es de carácter público y se pueden dar a conocer previamente en las páginas electrónicas de las dependencias y entidades gubernamentales, o al final del día. Generalmente se dan cuando se concluyó la agenda.

Recordó que la información de los correos electrónicos asignados a los servidores públicos es también público y si la solicita un ciudadano deben entregarse, excepto información personal o privada.