Un grupo de familias campesinas originarias de Juan de Grijalva, Chiapas, hoy domiciliados en la ciudad rural sustentable Nuevo Juan de Grijalva, que exigen la liberación de nueve de los suyos, sostienen: Durante mucho tiempo el gobierno del estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantuvieron a la comunidad en el engaño, haciéndonos creer que pagarían las tierras y que la única forma para el pago sería el cambio de régimen ejidal por el de propiedad privada, lo que tampoco se ha resuelto.

El secretario de Gobierno, Noé Castañón León, había informado que sus tierras debían legalizarse, porque eran parcelas, y así pasarían a ser propiedad privada y al estar las actas ante el registro agrario nacional, se efectuarían los pagos. Los trámites fueron realizados en 2010, y hasta hoy no se han efectuado tales pagos. Responsabilizan por igual al gobierno federal.

Estábamos llegando a una negociación, nos habían entregado los avalúos pero últimamente demostraron que no quieren realizar los pagos, agregan, por lo cual decidieron manifestarse el pasado 17 de marzo. Y el gobierno del estado volcó sus ojos al ejido nuevamente; como no le conviene un escándalo tomó represalias contra los manifestantes.

Inicialmente fueron detenidas cinco personas, y no precisamente las agarraron allí sino en sitios distintos al lugar de la manifestación sin saber si éstos participaron; así los privan de su libertad y los acusan de delitos que no han cometido, ya que la compañía México Constructora Industrial reconoció que la protesta no era en su perjuicio, sino una forma llamar la atención del gobierno del estado y la CFE.

Los detenidos fueron llevados a la procuraduría estatal en Tuxtla Gutiérrez. Obviamente no a negociar sino bajo engaño, ya que en ningún momento presentaron una orden de aprehensión, la detención de estos fue por los delitos de oposición a que se efectué una obra pública, ataques a las vías de comunicación y asociación delictuosa. Estos delitos no encuadran al tipo, ya que para la manifestación no fue hecha en el lugar de la obra, y nunca se obstaculizó el paso.

El 18 de marzo los trasladaron a la casa de arraigo Pitiquito, en Chiapa de Corzo, y el 14 de abril al centro de readaptación social de Pichucalco. Tanto ellos como otros cuatro detenidos posteriormente, incluido su abogado defensor, son inocentes, aseveran las familias inconformes. Todavía el 25 de mayo fue aprehendido uno más y es probable que detengan a otros participantes en la manifestación. La policía judicial frecuenta nuestra comunidad con una lista de 22 personas, pero los afectados somos alrededor de 160 de cuatro comunidades, siendo los más perjudicados lo pobladores de la desaparecida Juan de Grijalva.

En la primera ciudad rural sustentable se vive con miedo, falta de protección, impotencia e inseguridad, pero esta última no por parte de delincuentes, sino de aquellas que se suponen que tienen que protegernos, sostienen.

¿Dónde queda la ciudad rural modelo que prometieron al mundo? Refutan que la gente de Juan de Grijalva viva mejor. Estamos peor, nos persiguen para encarcelarnos, nos hemos quedados solos, solos. Aquí no hay fuente de trabajo, por tanto no hay nada de sustentable. No hay ni un sólo árbol que nos permita cubrirnos de los rayos del sol, no tenemos un hogar digno, las casas que nos dieron son de ladrillos hechos de lodo que traen consigo infecciones, de estos nacen muchas clases de insectos rastreros.

Adelantan que llegará el momento en que no haya un solo habitante en la famosa ciudad rural. Y declaran: La impotencia que sentimos es inexorable, nos hemos quedado al frente del grupo sólo mujeres, quienes rogamos ser escuchadas, queremos dejar de ver pasar judiciales por nuestras calles y por supuesto queremos de vuelta a los nuestros.