El presidente Felipe Calderón promulgó ayer la reforma constitucional en materia de amparo, la cual evitará que esta herramienta sea utilizada como refugio para evadir o dilatar la aplicación de la justicia y, en cambio, se amplía la protección de garantías, sobre todo en materia de derechos humanos. 

Ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el presidente del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones (PRI), entre otros, enumeró algunos aspectos de esta enmienda a la que ubicó como de enorme calado y la mejor en muchísimo tiempo. 

Subrayó que en adelante los ciudadanos podrán interponer amparos cuando consideren que han sido violentados los derechos garantizados en las leyes –de manera especial las garantías básicas– además de los incluidos en todos los tratados internacionales ratificados por México. 

Estamos ante una reforma de enorme calado que fortalece el amparo y lo acerca a las necesidades de los ciudadanos, dijo durante la ceremonia realizada en la escalinata de la casa Miguel Alemán de la residencia oficial. 

Calderón comentó que el juicio de amparo, indicado para hacer valer derechos frente a actos de autoridad, es una de las instituciones jurídicas más importantes del país.

Con esta reforma se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 constitucionales. Los ministros presentes indicaron que esto moderniza y perfecciona el juicio de amparo e incluso lo calificaron de revolución y cambio de paradigma.

El Presidente aseveró que México tiene un compromiso firme con la protección de los derechos fundamentales, de ahí que esta enmienda, aunada a la de derechos humanos, son pruebas irrefutables, incontestables, del compromiso de México y de sus poderes con las garantías humanas, con los derechos humanos elementales.

Calderón además subrayó las bondades de la reforma.

Desde las primeras filas, frente a la casa Miguel Alemán, lo escuchaban ministros, legisladores, jueces, la procuradora general Marisela Morales, así como académicos y abogados penalistas, como el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien salió el año pasado del gabinete calderonista. Tras la ceremonia, comentó que su relación con Calderón siempre ha sido cordial: Nunca un secretario se pelea con el Presidente. Eso es una locura.

En principio, el titular del Ejecutivo se refirió a las novedades legales para combatir la acción y, tras el decreto en referencia, la omisión de la autoridad; crea las declaratorias generales de inconstitucionalidad; fortalece los mecanismos de coordinación entre autoridades y jueces y, sobre todo, limita el abuso de la suspensión del acto reclamado.

El objetivo, subrayó, es que nadie se escude en el amparo buscando evadir la justicia o entorpecer la acción de la autoridad; es decir, se cancela un vicio en el amparo tradicional, mediante el cual el otorgamiento de suspensiones era, en muchos casos, simplemente factor dilatorio a las resoluciones.

De esta forma, añadió, podrán otorgarse o negarse suspensiones cuando se considere que el instrumento es utilizado por infractores para evadir la ley, al tiempo de dar más fortaleza a la propia suspensión cuando ésta sea justamente otorgada.

El decreto entrará en vigor 120 días después de su publicación, para dar tiempo a que las entidades adecuen sus legislaciones las formas y trámites nuevos. Una reforma tan audaz, tan profunda como la que hoy se promulga tiene riesgos... Insisto, ésta es la reforma más importante en muchas décadas, en cuanto a ampliación de los derechos de los ciudadanos, destacó Calderón.

Modificar la cara al Poder Judicial: Silva Meza

Los cambios aprobados tienen como antecedente el análisis y discusión de anteproyectos por más de una década. En ese contexto, el presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, mencionó que la reforma es de gran envergadura, sin precedentes, que “modificará trascendentemente la cara del Poder Judicial de la Federación… la legitimidad social de la función judicial es el objetivo fundamental”.

Se requiere, dijo, que la institución de amparo vuelva a su origen: para evitar los abusos del poder y garantizar nuestro régimen de libertades.

Dijo que el juicio de amparo será más ágil y accesible para los individuos, que se atiende a una de las críticas sociales más añejas, con lo que la SCJN podrá declarar la inconstitucionalidad de normas generales en beneficio de la sociedad y no sólo para aquellos que cuenten con más recursos para defenderse.

En su turno, Beltrones dijo que con todo y sus diferencias, el Congreso de la Unión otorga al Presidente de la República nuevos instrumentos jurídicos, y asumiendo ambos los riesgos que ya aparecen en el inevitable debate, pero sin descuidar el constante fortalecimiento de las instituciones.