Con la aplicación del sistema penal acusatorio (juicios orales) no se resolverán los problemas de inseguridad que enfrenta el país, advirtieron especialistas en la Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia. Actualmente sólo en siete estados se aplica la reforma en la materia que se elaboró en 2008.

La delincuencia organizada quedaría excluida de este tipo de procesos porque hace tres años, al tiempo que se aprobaron los juicios orales, se hizo otra reforma constitucional en la que se alude en 12 ocasiones a la delincuencia organizada; algunos de sus planteamientos contradicen al sistema penal acusatorio. Tantas menciones deben prender un foco para ver cuál es el mensaje, aseveró Miguel Ángel Mancera, procurador general de Justicia del Distrito Federal.

En la conferencia organizada por la UNAM, enumeró algunos de esos cambios. Se establece algo que me parece inusitado, la descripción del tipo penal de delincuencia organizada en el texto constitucional.

Se menciona, detalló, que en estos casos criminales el Ministerio Público puede obtener la información de carácter reservado, el juez ordenará prisión preventiva oficiosamente –mientras el sistema acusatorio la elimina– y se plantea el resguardo de la identidad de datos personales cuando son menores de edad; es decir, cuando hay un acusador se puede guardar su identidad en caso de delincuencia organizada. Esto va todavía más allá del debate del testigo protegido.

Agregó que se debe ver desde ahora la pertinencia de los juicios rápidos, porque hay delitos bagatela –como allanamiento de morada– que se pueden resolver en 48 horas.

Explicó que el Distrito Federal está entre las 12 entidades que planean la aplicación del sistema penal acusatorio. Antes, Felipe Borrego, secretario del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, explicó que en Baja California, Chihuahua, Durango, estado de México, Morelos, Oaxaca y Zacatecas ya se aplican estos procesos, cuya fecha límite es 2016. Algunas entidades están en fase de planeación, otras en etapas primarias.

Consideró que en el establecimiento de este sistema se deben vencer deficiencias del Ministerio Público y la policía, éste es el mayor reto de la reforma, ya que es más exigente con la parte acusatoria.

Los juicios acusatorios orales no favorecerán la seguridad pública, sólo pueden conseguir que la justicia sea más ágil, pero la reforma que urge es una profunda de los ministerios públicos y de las policías, dijo Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad; mientras, el magistrado Raúl Campos consideró que la reforma no puede ser patrimonio político de grupos; se debe actuar con diligencia y objetividad.