Bogotá, 7 de junio. La justicia colombiana condenó a siete militares a penas individuales de 31 años y seis meses de prisión por la ejecución extrajudicial, en 2008, de tres personas que fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate, en los llamados falsos positivos, informó este martes la fiscalía general.

La condena fue decretada por el juzgado de la población de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, y afecta a un oficial, un suboficial y cinco soldados.

De acuerdo con la fiscalía, el 20 de junio de 2008 tropas de un batallón del ejército reportaron a sus superiores la muerte de tres campesinos durante un supuesto combate con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los labriegos fueron acusados entonces de ser miembros del frente 18 de dicho grupo.

Sin embargo, un sobreviviente del ataque declaró ante un fiscal que los militares, mediante engaños, llevaron a los labriegos a un lugar del contiguo municipio de Puerto Libertador, donde les dispararon y a continuación vistieron los cuerpos con uniformes camuflados y les pusieron revólveres y granadas en las manos.

El juzgado concluyó que los militares incurrieron en el delito de homicidio en persona protegida y ordenó que cumplan sus condenas en una base el ejército.

La decisión judicial se conoció después de que el jueves pasado un juez de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, anunciara el veredicto condenatorio contra ocho militares por la ejecución de dos jóvenes que también fueron presentados como guerrilleros abatidos durante combate.

Más de 100 militares son investigados por presuntas ejecuciones extrajudiciales de civiles en los últimos años, que podrían llegar a más de 2 mil.

Según las denuncias, la mayor parte de las víctimas fueron presentados como insurgentes muertos en combate en un intento por mostrar buenos resultados en la lucha contra la guerrilla y obtener a cambio algunas prebendas, en lo que se conoce en Colombia como los falsos positivos.

Mientras tanto, Miguel Ángel Beltrán, un profesor universitario acusado por el gobierno de Álvaro Uribe de ser integrante del comité internacional de la guerrilla de las FARC, que hace dos años fue capturado en México y expulsado a Colombia, fue liberado este martes por orden judicial.

Un juez de Bogotá ordenó el viernes pasado la excarcelación de Beltrán basándose en una sentencia de la Corte Suprema, máximo tribunal colombiano, que el 19 de mayo pasado negó el valor probatorio de los archivos de las computadoras del abatido número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes.

Esta es la primera decisión judicial que se produce tras esa sentencia de ese alto tribunal. Beltrán calificó su salida de la cárcel como un triunfo de la verdad.

“Lo que sí queda claro es que detrás de esa supuesta ‘FARC-política’ (procesos judiciales por presuntos vínculos con esa guerrilla) lo que hay es todo un montaje para tratar de justificar la represión contra el pensamiento crítico, contra los que pensamos diferente y contra la oposición política”, agregó a los periodistas.