No puede haber estados permanentes de excepción, pero en el Estado mexicano lamentablemente lo hemos conseguido, advirtió Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En México, dijo, se han tomado posiciones que privilegian la seguridad sobre la justicia.

Durante la Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia, organizada por la UNAM, especialistas coincidieron en que hay riesgo de que México pase a ser un Estado autoritario y que hay preocupantes reformas en curso.

Moderador de la mesa Derecho penal y control social, amenazas al estado democrático de derecho, Valadés comenzó la presentación con el planteamiento de que sobre seguridad y justicia se han tomado, se pueden tomar todavía, posiciones excluyentes que privilegian la seguridad sobre la justicia.

El derecho penal del enemigo, dijo, ha llevado a modificaciones e hipertrofias en los sistemas jurídicos. El mexicano no es la excepción. El hecho de que una persona pueda permanecer en arraigo 80 días antes de ser puesta a disposición de una autoridad judicial denota un cambio significativo a los precedentes de nuestro sistema.

En su intervención, Sergio García Ramírez, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Academia de Ciencias Penales, sostuvo que se han dado reformas preocupantes, como la reducción en la exigencia para ejercitar acción penal, hay flexibilidad. Cuando en derecho se habla de esto, alguien pierde derechos. Los ciudadanos estamos en trance de perder derechos, se han reducido los pasos para ejercer acción penal, esto es preocupante.

Estamos persuadidos, apuntó, de la necesidad de enfrentar con firmeza la delincuencia y la necesidad de preservar el estado de derecho, estos propósitos son compatibles entre sí, pero crece la opinión, favorecida desde diversas fuentes, de que no es así.

Han decaído, dijo, las instancias no penales de control social, han envejecido muchas instituciones republicanas para preservar el delito, de ahí una exasperación o desesperación social, mala consejera que plantea a los oídos de los legisladores soluciones autoritarias que se traducirían en gobernar con el código penal en la mano. Hay una tentación autoritaria que cunde en muchas partes.

Por su parte, Robert Varenik, director de la Iniciativa Sociedad Abierta de Estados Unidos, consideró que el error de tomar la reforma penal como una reforma integral del sistema penal, es una trampa. Sostuvo que se ha dado mucho peso a los juicios orales y los jueces lo que deben hacer es procesos con base en las normas.