El PRD propuso ante la Comisión Permanente que el secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, informe al órgano legislativo si entre las armas decomisadas a Jorge Hank Rhon están algunas con la licencia colectiva del gobierno del estado de México.

El diputado Vidal Llerenas (PRD) recordó que en un incidente policiaco que se suscitó en Playas de Rosarito, Baja California, en octubre de 2009, fueron aprehendidos el jefe de escoltas de Hank Rhon y otras cuatro personas, a quienes se encontraron permisos para portar armas amparados en la licencia colectiva del estado de México.

Por otra parte, el diputado mexiquense Alfonso Navarrete Prida (PRI) exigió que si hay pruebas contra Hank Rhon se presenten, porque su partido no tiene dudas de que se trata de un asunto político planeado desde el Distrito Federal para tratar de denostar al priísmo. En tanto, el perredista Carlos Navarrete resaltó que si la PGR no logra configurar una acusación sólida contra Hank, la carcajada va a llegar más allá de la frontera norte.

Navarrete Prida comentó: Menudo favor le hizo el gobierno federal a la titular de la PGR, Marisela Morales, porque en el operativo que se constituyó en allanamiento, en privación ilegal de la libertad y en el traslado ilegal de una persona que está bajo los efectos de una suspensión de amparo, no le avisó a la funcionaria.

Destacó que otro elemento para probar la intencionalidad política del arresto de Hank Rhon es que se enviaron soldados a allanar su casa sin que el jefe de la zona militar supiera a quién iban a detener.

Carlos Navarrete dijo que la PGR está ante su prueba de fuego y se pueden llevar entre las patas a las fuerzas armadas si al final no prosperan las acusaciones contra el ex alcalde de Tijuana.

Durante una gira proselitista por Pachuca, Hidalgo, el presidente del PRI, Humberto Moreira, consideró necesario que la PGR realice una investigación sobre los casos del ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon y del ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, acusados de acopio de armas, el primero, y peculado y asociación delictuosa, el segundo.

Moreira evitó pronunciarse en favor de Hank y Salazar; sólo comentó que se debe respetar el estado de derecho y en cada caso que se realice una investigación, y se puede presentar claramente el resultado de cada investigación. Lo que buscamos es que se investigue y se respete el estado de derecho.

Descartó que vaya a haber más detenciones de ex gobernadores, ya que la propia titular de la PGR se lo hizo saber.

Por separado, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, afirmó que el gremio magisterial simple y llanamente exige que se aplique la ley en el caso de Hank Rhon.

Tras concluir los trabajos de la 31 sesión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, Gordillo rechazó que la detención del empresario mexiquense sea una persecución política. No tengo elementos para decir eso. En entrevista, destacó que la política es fría y el estado de derecho es para todos, y si hay algún ilícito, que se aplique la ley; si no, que se esclarezca.