El gobierno pretende usar como franquicias las zonas arqueológicas más importantes de la nación, advierte el antropólogo e historiador Iván Franco en su más reciente libro, titulado ¿Quiénes lucran con el patrimonio cultural en México?

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Franco explica que las zonas y monumentos arqueológicos como bienes nacionales de uso común y dominio público, adscritos –por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)– al sistema educativo nacional están entrando como escenarios mercantiles masivos a un orden global elitista auspiciado por los distintos niveles de gobierno.

En entrevista con La Jornada, el especialista asevera: En México se ha visto la fusión de intereses entre las grandes trasnacionales y la clase política del país. Las empresas de hotelería turística ya están prácticamente apropiándose de grandes extensiones de tierra.

El impacto de esa situación en la península de Yucatán –prosigue Iván Franco– ha sido el incremento impresionante de la inmigración de yucatecos a Estados Unidos y Canadá. Y a nivel patrimonio se afectan las áreas naturales.

Las trasnacionales no respetan los cenotes, introducen bombar para sacar agua y tener sus propias fuentes; han dañado a los pueblos antiguos al alterar su territorio y tradiciones, como ha sucedido en la región de Xcambó.

El investigador considera que un objetivo claro de la clase política consiste en impulsar una ley general de cultura para reformular al INAH como instancia más estatal que federal y de esa manera cambiar la Ley Federal de Monumentos y Zonas Artísticos y Arqueológicos de 1972 para adecuarla a los esquemas mixtos promovidos desde la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y a las demandas de las industrias culturales como las siete nuevas maravillas del mundo.

Círculo de intereses mercantiles

Iván Franco asegura que con sus políticas la Unesco ha generado de manera involuntaria las condiciones para privatizar o para que grandes capitales terminen interesados en ciertas zonas que declaran patrimonio cultural o pueblos mágicos.

Advierte que los nexos ejecutivos y empresariales entre los dueños de los capitales de inversión de los desarrollos turísticos y las empresas asociadas al esparcimiento y disfute son cada vez más patentes y estrechos.

Conforman una red de explotación y generación de empleos asociados al servicio turístico que cierra un círculo integrado de intereses económicos en torno a la explotación de la naturaleza y la cultura local.

Franco señala que en las décadas recientes las zonas arqueológicas, los centros históricos, la recuperación de tradiciones o de monumentos arquitectónicos coloniales e industriales han adquirido un estatus de mercancías especiales, por lo que ahora están sujetas a valoraciones y condicionamientos mercantiles.

En su libro explica cómo comenzó el uso mercantil en zonas de monumentos arqueológicos con el programa Maravíllate con Yucatán, que fue posterior a la campaña mediática de la Fundación New Seven Wonders.

El gobierno de esa entidad, por conducto del Patronato Cultur –que preside el empresario Roberto Abraham Mafud y dirige Jorge Esma Bazán– organizó una serie de conciertos en Chichén Itzá, Izamal y Acanceh.

El antropólogo asevera que con la política de trasnacionalización impuesta por Estados Unidos y Europa, asumida por México, los sistemas ecológicos y culturales de los pueblos antiguos, en aras de la seguridad continental y los intereses mercantiles estadunidenses, están convirtiéndose en propiedades o ususfructo de y para las multinacionales.

En ¿Quiénes lucran con el patrimonio cultural de México?, publicado por Unasletras Industria Editorial, el autor analiza los grandes intereses económicos asociados con las élites políticas en el uso del patrimonio.