Una eficaz política de seguridad es 100 por ciento compatible con la protección a los derechos humanos, aseguró el investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Carpizo.

Al presentar la declaratoria final de la Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia, organizada por la casa de estudios, el ex titular de la Procuraduría General de la República demandó a las autoridades mexicanas abandonar la política de seguridad con visión policial y abordarla como seguridad humana.

Exigió el regreso de las fuerzas militares a sus cuarteles, y entre más pronto mejor, debido al alto costo que han causado. Subrayó que sociedad y gobierno deben conformar un frente unido para construir consensos que pongan un alto a las condiciones que sufre nuestro país.

Entre las conclusiones de la conferencia –que inició el lunes pasado y terminó ayer, donde participaron 88 ponentes de diversos países–, Carpizo se refirió al tema de los jóvenes a quienes no se ofrecen oportunidades de realización personal. Son los más susceptibles de caer en problemas de drogadicción o de ser reclutados por organizaciones del crimen organizado.

Carpizo, quien también fue rector de la UNAM (1985-1989), enfatizó que el narcotráfico tiene un poder corruptor inmenso, el cual ha venido debilitando a varias instituciones del país, así como la confianza de la sociedad hacia en el Estado.

Se informó que las conclusiones de estos foros serán entregadas a los tres poderes de la Unión como una aportación de la universidad ante la violencia que se vive en el país. El rector José Narro instruyó a la comisión de la relatoría final –conformada por Carpizo y Luis Raúl González, abogado general de la institución y otros académicos– a configurar un proyecto de política derivada del foro y de programar la rendición de un informe público semestral, respecto de los avances en el cumplimiento de los objetivos y de la puesta en práctica de las recomendaciones.

Previamente, en la dos mesas de discusión finales, los panelistas señalaron que la violencia derivada del tráfico de drogas y personas continuará en ascenso en la medida en que el gobierno del país siga aplicando una estrategia de seguridad basada únicamente en medidas represivas, en vez de evitar, mediante el empleo y la justicia social, que la población cometa dichos crímenes o se vea expuesta a ellos.

En la penúltima mesa, dedicada a analizar el tema de la seguridad en la frontera sur, el director del Centro de Estudios Migratorios del INM, Ernesto Rodríguez Chávez, afirmó que en dicha zona el Estado mexicano padece de precariedad en su infraestructura de vigilancia.

Javier Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, advirtió que será muy difícil contener la violencia en el país únicamente con medidas represivas y priorizando los controles autoritarios por encima de las libertades.

Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de las Mujeres, de la OEA, citó análisis del Banco Mundial según los cuales salud, educación, empleo y justicia social son la mejor fórmula para tener seguridad.

Reforzar la política social

En la última ronda de conferencias, abocada al tema de la seguridad en México, Estados Unidos y Canadá, Raúl Benítez Manaut, miembro del Instituto de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, indicó que el gobierno del país no está combatiendo al narcotráfico de raíz, sino únicamente a sus manifestaciones más violentas.

Finalmente, Irvin Waller, director fundador del Instituto para la Prevención de la Criminalidad de la Universidad de Ottawa, no dudó en afirmar que el mejor ejemplo del fracaso de la lucha mundial contra las drogas es México, e instó al gobierno del país a reforzar su política social para prevenir la violencia.