Uno de los aspectos más apreciados de Internet es su carácter social y la libertad casi absoluta con que se divulga e intercambia información de todo tipo. Sin embargo, desde 2007 los países con las economías más poderosas (Estados Unidos, Japón y los pertenecientes a la Unión Europea) empezaron a negociar en secreto un controvertido Acuerdo Contra el Comercio de Falsificaciones (ACTA, por sus siglas en inglés: Anti-Counterfeiting Trade Agreement), que ha generado suspicacias y preocupa◊net sin censura.

Aunque el acuerdo es presentado como respuesta al aumento de los bienes falsificados y obras protegidas por derechos de autor pirateadas en el mercado global, lo que da lugar a las sospechas es que las negociaciones comenzaron en secreto y sólo se supo de ellas por una filtración de Wikileaks, además de que los promotores se han resistido a dar detalles sobre los términos del acuerdo.

Dicha filtración reveló que a las discusiones se han sumado –también subrepticiamente– países como México, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Jordania, Marruecos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Canadá.

En el caso de México, la aprobación la debe dar el Senado, que se encuentra en una etapa de análisis y discusión.

Los opositores al ACTA advierten sobre el riesgo de que su aprobación violente la privacidad de los usuarios, además de que consideran que se trata de debilitar la faceta social gratuita de la web, para favorecer su comercialización a ultranza. Además de los usuarios de Internet, los dueños de las grandes empresas que hacen funcionar la red miran con reserva el ACTA.

Por esa razón, el 25 y 26 de mayo se llevó a cabo en París la cumbre tecnológica G-8, en la que responsables de empresas como Facebook, Google, Wikipedia e eBay, entre otras, llamaron a los gobiernos promotores de ACTA a ser muy prudentes para que la regulación legal de Internet no ponga en peligro el espíritu emprendedor de la red.

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, dijo en representación de los firmantes de ACTA que el reto que supone Internet no puede se ajeno a la vigilancia de los gobiernos, los únicos representantes legítimos de la voluntad general.