La titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Patricia Bugarín Gutiérrez, afirmó que la juez Blanca Evelia Parra Meza realizó una valoración parcial y subjetiva de las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal en el caso de Jorge Hank Rhon y 10 personas más, por el delito de posesión de armas de fuego y explosivos, toda vez que la impartidora de justicia con sede en Tijuana, Baja California, les concedió la libertad por falta de elementos.

Lo anterior aconteció durante una conferencia de prensa en la que la funcionaria expresó nuevamente sus consideraciones acerca de lo sucedido en el caso Hank Rhon, ya que durante la mañana concedió entrevistas sólo a medios electrónicos en las que defendió las actuaciones de la SIEDO y señaló a la juez de haber cometido errores a la hora de valorar las pruebas que aportó el Ministerio Público.

El caso Hank Rhon generó una confrontación entre el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República.

Bugarín Gutiérrez criticó que el Consejo de la Judicatura Federal difundiera en una tarjeta informativa la decisión judicial, sin entrar en detalles de la sentencia; a su vez, Carlos Avilés Allende, director de comunicación social del órgano judicial, señaló que con eso no violó ninguna norma y en cambio permite la transparencia de las decisiones que adoptan los jueces.

Así, la subprocuradora también reveló que la PGR busca, por conducto del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) estadunidense, datos sobre el origen de las armas presuntamente incautadas en la casa de Jorge Hank Rhon el pasado 4 de junio, ya que, según versiones obtenidas de funcionarios federales, al menos cinco armas largas no tienen número de serie y es necesario conocer el origen de 73.

Por la tarde, durante la conferencia de prensa a la que llegó con 40 minutos de retraso, Bugarín aseguró que a la PGR le preocupa lo que se aprecia como una valoración parcial y subjetiva de las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal y que confía en que el tribunal de segunda instancia resolverá con absoluta independencia y claridad respecto del recurso de apelación que ha sido interpuesto contra el auto de libertad que se otorgó a Hank Rhon y coacusados el pasado martes.

Agregó que, a su parecer, es de llamar la atención que la juez inicialmente haya calificado de legal la detención de todos los indiciados, lo que demostraba su aprobación para ese hecho, y al resolver concluyera que no fue así.

Cuestionó que dentro del término constitucional (la juez) concedió valor probatorio a los videos ofrecidos por la defensa y argumentó que no habían sido editados, a pesar de que el Ministerio Público resaltó ese aspecto, y (la juez) utilizó el término segmentados y eso había sido para facilitar su conocimiento del asunto, y afirmó que de esa manera dejó de observar el principio de colegiación de la prueba, al impedir que los peritos ofrecidos por el Ministerio Público observaran y emitieran su dictamen respecto de tales videos.

La subprocuradora externó su preocupación por lo que, dijo, fue una valoración parcial respecto de 78 de las armas, ya que 10 sí tenían permiso para su portación.

Advirtió que es de particular preocupación que la decisión en específico de la juez (Blanca Evelia Parra Meza) pueda tener como consecuencia la impunidad de los delitos de acopio y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas que se imputan en este caso.

Además, indicó que a pesar de la presencia del representante de la PGR en el momento de la notificación de libertad a Hank Rhon y coacusados, el funcionario federal no fue notificado de forma inmediata (como) a los indiciados, sino que más de siete horas después, impidiéndole conocer de manera oportuna los argumentos en que se sustentó su resolución.

Aseguró que ante la inconsistencia de la decisión de la juez se harán valer en los agravios que serán presentados en tiempo y forma por la PGR.

En tanto, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera, consideró que con la apelación al auto de libertad en favor de Hank Rhon habrá más tiempo para analizar las pruebas que el Ministerio Público presentó contra el ex alcalde de Tijuana para poder detenerlo nuevamente.

Negó que la aprehensión de Hank Rhon tuviera origen en un asunto político. Afirmó que la incursión estuvo apegada al funcionamiento orgánico del Ejército y que el operativo fue llevado correctamente, por lo que incluso esperan se ratifique que la intervención se justificó por la comisión de un delito en flagrancia.

A diferencia de la titular de la SIEDO, Lara Rivera aseguró que respetan el fallo de la juez Blanca Evelia Parra para liberar a Hank, pero evaluó que su criterio para hacerlo se debió a que contó con pocas horas para resolver su situación jurídica, y pidió un voto de confianza para que la revisión del expediente en segunda instancia revierta la decisión de la juzgadora.