Legisladores de todas las fuerzas políticas y activistas sociales demandaron al presidente Felipe Calderón formule un severo extrañamiento al gobierno de Barack Obama por la operación Rápido y furioso, luego del informe del Congreso de Estados Unidos sobre el involucramiento de tres altos mandos de ese país en el envío ilegal de armas a México, que sólo sirvió para generar más violencia y muertes.

Señalaron que mientras en la nación vecina se ha identificado a varios funcionarios responsables del citado plan, el gobierno federal no ha combatido la corrupción en aduanas, donde de acuerdo con cifras entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los legisladores, sólo se decomisa un promedio de 60 armas al mes.

Diputados y senadores de PRI, PRD, PT y PAN señalaron que el gobierno de Estados Unidos actuó de manera perversa al permitir la entrega de armas de alto poder a la delincuencia organizada en México, a sabiendas de que ello incrementaría la violencia y las muertes.

En tanto, Eduardo Gallo, ex presidente de México Unido contra la Delincuencia, dijo que con Rápido y furioso quedó clara la ineficiencia del gobierno mexicano, ya que en las aduanas pasa lo que quepa por el puente, aunque sean elefantes.

Por separado, el senador del PAN Santiago Creel consideró que debe haber una actitud más firme del gobierno de Felipe Calderón por las consecuencias negativas que trajo para el país ese operativo, del que estaban enterados el director, el subdirector y un director adjunto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), de la administración Obama.

A su vez, los senadores Tomás Torres (PRD) y Ricardo Monreal (PT) advirtieron que el gobierno mexicano debe solicitar la extradición de los tres funcionarios responsables de introducir ilegalmente a México más de 2 mil armas de alto poder, para que sean juzgados aquí.

Coincidieron en que hasta ahora la respuesta del gobierno mexicano ha sido tibia. “Vale la pena preguntar a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, sobre la investigación que, se dijo, se abriría en torno a Rápido y furioso, comentó Torres.

Por su parte, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Piter, refirió que, como parte de la interparlamentaria con Estados Unidos, se acordó tener un diagnóstico compartido sobre el tráfico de armas, cómo enfrentarlo y obviamente cuál es la responsabilidad de las autoridades del vecino país al respecto.

El diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), integrante de la Comisión de Defensa, ponderó que el programa también demuestra lo asimétrico de la relación y cómo sin ningún recato Washington planeó, autorizó e inició ese trasiego ilegal de armas de alto poder a México.

Acotó que no sólo se puede culpar del tráfico de armas –calculado en 600 mil al año– a Estados Unidos, porque ello no se explica sin la complicidad e ineficacia del sistema aduanal.

Por separado, el activista Eduardo Gallo refirió que si el operativo puso las armas para que se vendieran en Estados Unidos al menudeo, y luego llegaran a México y rastrearlas para saber qué cárteles las adquirían, nos preguntamos quiénes fueron los aduaneros que las dejaron pasar. ¿Qué agente? ¿Cómo llegaron?

Por su parte, Pietro Ameglio, investigador y gente cercana a Javier Sicilia, resaltó que en Rápido y furioso la responsabilidad del gobierno mexicano es no haber detenido esas armas en la frontera. “Ahí vemos la porosidad absoluta que hay en esa región, donde pueden pasar 2 mil armas sin que nadie se dé cuenta. Esa es la parte que desnuda la indefensión en la que estamos todos en cuestión de tráfico de armamento y toda esa corrupción que hay en la zona fronteriza.