En el análisis previo del amparo solicitado por el sindicato minero contra la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de entregar la toma de nota a la dirigencia que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, cuatro de los nueve ministros que tomaron la palabra coincidieron en que debe prevalecer la libertad sindical y que la autoridad laboral no puede inmiscuirse en la vida de los gremios.

Al analizar la modificación de jurisprudencia que dice: La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo, la discusión en el pleno se dividió al grado que cinco ministros se pronunciaron por mantener el criterio en sus términos, cuatro votaron por cambiarlo (favoreciendo la postura del sindicato minero) y dos quedaron pendientes de fijar su postura.

La decisión que adopte el pleno será determinante en la resolución del amparo en revisión presentado por Gómez Urrutia contra la STPS, el cual se prevé sea discutido el próximo lunes.

El proyecto de dictamen, elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, propone negar el amparo al dirigente sindical contra la decisión de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS de negarle la toma de nota, el 24 de junio de 2008.

En la sesión de ayer, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Sergio Valls consideraron que debe modificarse la jurisprudencia, lo que favorecería la concesión del amparo.

Jorge Pardo, Luis María Aguilar, Olga Sánchez Cordero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre señalaron que la autoridad está facultada para certificar el procedimiento de elección o cambio de directiva de los gremios.

La sesión terminó debido a que ya casi eran las 2 de la tarde (empezó a las 11:15 horas); quedaron pendientes de participar para el próximo lunes el presidente Juan N. Silva Meza y Arturo Zaldívar, quienes definirán el asunto. Por su parte, Sergio Valls aseveró que la autoridad no tiene facultades expresas en la ley para cotejar o para verificar documentos.

José Ramón Cossío dijo que debe modificarse el criterio para establecer que la autoridad no tiene la posibilidad de intervenir en la vida interna de los sindicatos cuando se realicen actos que tengan que ver con cambios de mesas (o toma de nota).

Cossío argumentó que una vez que entró en vigor la reforma constitucional sobre derechos humanos, debe tomarse en cuenta este nuevo criterio en favor de los derechos fundamentales al momento de resolver.

Fernando Franco dijo que las autoridades no deben ir más allá de sus atribuciones. Si hubo un problema (en la elección de la dirigencia sindical), eso tendrán que hacerlo valer los trabajadores por la vía jurisdiccional ante las instancias competentes, pero en respeto a la vida interna sindical, la autoridad administrativa no puede ir más allá de esto.

Planteó que el cambio de criterio sería para no dejar margen de ambigüedad a las autoridades que otorgan la toma de nota.