En un cambio de postura respecto de la que había sostenido desde hace cinco años, el gobierno federal aceptó analizar los diagnósticos técnicos para un eventual rescate de los 63 mineros muertos en Pasta de Conchos, sepultados en ese socavón tras la explosión en febrero de 2006, último tramo del sexenio foxista.

“Efectivamente, hemos estado revisando aspectos muy importantes para ver ‘cómo sí’ (se avanza hacia ese objetivo). No puedo decir que hay un ‘sí’ (definitivo) para continuar el rescate, porque mucho de ello tiene que ver con una solución técnica, pero lo que a mí me queda claro es que este gobierno debe agotar hasta sus últimas consecuencias la posibilidad de que sí se haga el rescate”, aseveró el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez.

Las conversaciones con las partes involucradas, añadió, arrojan resultados importantes acerca de valorar avenidas relevantes y también despejar algunos mitos.

Lo anterior, abundó, porque en algún momento se dijo que ya no se continuaran las labores de rescate, pero hoy sabemos que lo que realmente se dijo, y así está en el papel, es que lo que procede es hacer obras necesarias para que el rescate sea seguro; sin embargo, hay otras variables que tienen que estudiar.

Esta declaración muestra una posición distinta a la de otros funcionarios de primer nivel del gabinete de Felipe Calderón.

Tras los hechos está el socavón concesionado a Grupo Minero México, en el que 63 mineros perdieron la vida (sólo dos fueron rescatados tras el siniestro). Los deudos encabezaron un plantón de más de un mes frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y lo único que obtuvieron fue ser atendidos por un enviado del titular de esta dependencia, quien sólo repitió la respuesta oficial sostenida hasta entonces: no hay condiciones para el rescate y la STPS no tiene atribuciones para decidir sobre el particular.

Ahora, en este acercamiento con Gobernación, deudos, asesores y defensores de derechos humanos integrados en la organización Familia Pasta de Conchos han sido atendidos en diversas ocasiones por el subsecretario Gutiérrez y en días pasados por el responsable de la política interna, Francisco Blake Mora.

Desde el accidente, organizaciones civiles han hecho innumerables gestiones, a escala nacional e internacional, para que se abra nuevamente la mina. En estos años, con la activa participación de deudos, integraron un grupo que elabora además un recuento sobre los accidentes laborales y fallecimientos en la zona carbonífera de Coahuila, así como diagnósticos acerca de la endeble inspección del gobierno federal.

El subsecretario Gutiérrez dijo que las conclusiones preliminares refieren que no están agotadas las posibilidades del rescate; para ello se están revisando los estudios científicos, técnicos, de costos (estudiar quién lo va a pagar) y, sobre todo, se evalúa las medidas para que esa eventualidad no signifique un nuevo accidente.

Lo que le digo, con toda claridad, es que para la Secretaría de Gobernación y para este gobierno humanista es muy importante que se agoten todas las posibilidades de rescate y que haya eventualmente un consenso sobre un agotamiento o si las alternativas en mención son posibles, expresó.

En entrevista, destacó que la SG ha dado a ese asunto una atención personal y prácticamente semanal. En la dependencia, apuntó, estamos despejando elementos a diario. No obstante, dijo que no hay tiempo límite para tomar una decisión al respecto.

Aquí no hay plazos perentorios, pero sí el tiempo que nos impone la responsabilidad política, humana, humanista, moral, de dar una respuesta con la que todo mundo quede satisfecho, particularmente las familias, enfatizó.

Las familias, comentó, tienen el legítimo derecho de pedir el rescate de los cuerpos. “Estamos estudiando todas las posibilidades con una óptica de ‘cómo sí’”.